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El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), convocó a sesión de la Comisión Permanente para este martes, 18 de octubre, donde se verá el informe de calificación de la denuncia constitucional contra el grupo de congresistas de Acción Popular sindicado como ‘Los Niños’.
En la agenda de la sesión de este grupo de trabajo parlamentario se recuerda que la denuncia fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) en contra de sus colegas Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.
Dicha iniciativa acusa a los mencionados parlamentarios de la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado.
Por tal motivo, Chirinos Venegas solicita que los miembros de la bancada de Acción Popular sean destituidos de sus cargos e inhabilitados de la función pública por un plazo de 10 años.
Caso Freddy Díaz
Este martes también se verán las denuncias constitucionales en contra del parlamentario suspendido Freddy Díaz (no agrupado), quien es acusado de violación sexual a una extrabajadora del Congreso.
Como se recuerda, en setiembre pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente el informe de calificación de la denuncia contra Díaz Monago. Sin embargo, se declaró como improcedente el proceso de antejuicio por la probable comisión de delitos de violación sexual y violación de personas en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir.
Además, el grupo de trabajo parlamentario incluyó en el mismo proceso la denuncias presentada, también por infracción constitucional, por los legisladores Edward Málaga, Flor Pablo, Kira Alcarraz, Adriana Tudela, Susel Paredes y Ruth Luque.
En total, se solicita para Freddy Díaz por la comisión de estas infracciones constitucionales la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un plazo de 10 años.
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