A pesar de que cada año reciben millones de soles de los fondos públicos para la formación y capacitación de sus cuadros, para cubrir sus gastos de funcionamiento y mejorar su organización para servir el país, los partidos políticos vienen haciendo todo lo contrario y lo reflejan con una serie de hechos irregulares y lo que parece ser el peor Poder Legislativo que hayamos tenido.
Los partidos que integran el actual Parlamento han recibido en toda esta gestión casi 47 millones de soles (S/ 46′788,006) entre los años 2022 y 2024, lapso en el cual la imagen de este poder del Estado se ha visto seriamente deteriorada con decenas de investigados, “mochasueldos”, “Niños”, presuntas redes de prostitución y hasta violadores sexuales.
El monto recibido excluye los primeros seis de gestión de este Parlamento (julio-diciembre de 2021) pues de acuerdo a ley, el financiamiento tiene un carácter anual.
Solo en 2024, el Estado les entregó a estas organizaciones políticas 15 millones 596 mil soles, los cuales han sido destinado mayoritariamente a gastos corrientes y pagos irregulares, como los sueldos de sus líderes, supuestas capacitaciones y servicios de abogados por casos de corrupción que involucran a sus dirigentes.
LOS DETALLES
Desde el año 2017, cuando empezó a entregarse el Financiamiento Público Directo (FPD) a los partidos políticos, estos han recibido más de 105 millones de soles (S/ 105′ 351,378).
Estos recursos se entregan gracias a la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 28094), aprobado en noviembre de 2003 pero que recién fue implementada en 2017. Así, los diez partidos que en el 2021 lograron representación parlamentaria recibirán en total casi 78 millones de soles de fondos del tesoro público.
PAGOS A ABOGADOS
Lo que es una constante en este financiamiento, es el uso inadecuado de los recursos, con hechos que ya se había hecho públicos en años anteriores, pero que persisten en este 2024. Así puede observarse en los informes correspondientes al semestre enero-junio presentados por los partidos como parte de la rendición de cuentas que semestralmente realizan ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En dichos informes puede observarse, por ejemplo, que Perú Libre pagó mensualmente 9 mil soles al abogado José Enrique Llumpo Agapito (nada menos que defensor legal de su prófugo líder Vladimir Cerrón), quien recibió un total de 81 mil soles entre octubre de 2023 y junio de 2024.
Sin embargo, esta agrupación política también utilizó dichos fondos para pagar a Cerrón, quien entre enero y setiembre de 2023 recibió 128 mil 716 soles. El pago solo fue interrumpido cuando en octubre del año pasado fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión por el caso Aeródromo Wanka.
El partido del prófugo Vladimir Cerrón también registra el pago de S/ 10 mil a cada ponente en sus “cursos de capacitación”, entre ellos están personajes cuestionados como Lourdes Felicia Jesús Salazar (destituida de Agro Rural en junio de 2022), Jakelyn Flores Peña (exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín e implicada en un millonario perjuicio por equipos médicos no adquiridos ni recibidos para el Hospital de Pichanaki).
Además, está Bladimir César López Leyva, investigado por la Fiscalía por colusión y negociación incompatible y mencionado en audios del caso “Dinámicos del Centro”.
Asimismo, figuran como “capacitadores” remunerados Henry Fernando López Cantorín , exalcalde de Huancayo y sindicado de liderar la organización criminal “Los Tiranos del Centro”, y Simon Alejandro Verástegui Gastelu, implicado en una contratación irregular en EsSalud en el 2022.
A ellos se une Loly Wider Herrera Lavado (abogado de la madre de Vladimir Cerrón) y Carina Ruth Palacios Quincho (exembajadora de Perú en Bolivia durante el gobierno de Pedro Castillo).
HAY MÁS
De otro lado, Fuerza Popular registró el pago de 75 mil soles a una universidad privada por un curso de contrataciones con el Estado y Somos Perú cubre la remuneración mensual con más de 11 mil soles de su presidenta Patricia Li Sotelo.
En dichos informes también puede observarse que gran parte de los recursos se destinan a gastos corrientes para el funcionamiento partidario y en menor medida a la formación y capacitación de cuadros.
Según señala la Ley de Organizaciones Políticas, no menos del 50% de los fondos debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación, bajo criterios de igualdad entre hombres y mujeres.
El otro 50% está previsto para cubrir gastos de funcionamiento ordinario.
INFORME
El uso inadecuado de este financiamiento ha sido objeto de una serie de informes de la ONG Vigilancia Ciudadana. Uno de ellos, “Uso y mal uso del financiamiento Público Directo en el Perú, Julio 2021 - diciembre 2023″, concluye que los partidos políticos “no cuentan con sistemas de control interno” que garanticen el buen uso de estos recursos y que se “observa una tendencia en no describir el concepto de los servicios prestados y pagados”.
Igualmente, se señala que “los informes técnicos de verificación y control emitidos por la ONPE no tipifican con precisión las infracciones descritas en el cuerpo del documento”.
Así, describe el documento, se han permitido pagos de decenas de miles de soles en efectivo y, a la fecha (julio 2024), no existe ningún partido político sancionado por mal uso.
Por si fuera poco, concluye que “no se cuenta con indicadores de resultados que permitan conocer si el Financiamiento Público Directo (FPD) está contribuyendo efectivamente al fortalecimiento de los partidos políticos”.
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