Son 36 los candidatos presidenciales que se mantienen en competencia de cara a abril del 2026. Cada uno de ellos con su propio partido o alianza y con un plan de gobierno ya definido y registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De dicho grupo, unas opciones sobresalen más que otras, aunque no necesariamente por la viabilidad y coherencia de sus propuestas.

Este Diario revisó la ruta económica que seguirán las principales opciones de izquierda en el país, de ganar la presidencia, e identificó los riesgos que representan al menos cuatro de ellas, que promueven cuestionables medidas como cambios sustanciales en la Constitución o fórmulas obsoletas como una segunda reforma agraria.

Contra la Constitución

Uno de los planes de gobierno más gaseoso e impreciso, en cuanto a sus objetivos y las vías para materializarlos, es el de Juntos por el Perú (JPP).

El partido político tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez, el exministro de Relaciones Exteriores del hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo, que fue denunciado constitucionalmente, en enero del 2025, por presunta negociación incompatible.

JPP concentra su propuesta económica en “revisar y cambiar” cinco artículos de la Carta Magna. Estos son el 58, 60, 62, 63 y 66. Todas estos vinculados a limitar el poder de la burocracia estatal en la economía.

El partido cuestiona que “al Estado solo se le permita ‘orientar el desarrollo’”, tal como se señala en el primer artículo antes citado. De igual manera, rechaza el segundo artículo con el que se le “prohíbe al Estado tener iniciativa para montar empresas estatales”.

“El artículo 62 (…) imposibilita que (se) pueda revisar y actuar frente a los contratos lesivos celebrados con las grandes empresas (principalmente extranjeras)”, increpa.

El objetivo es retomar “la iniciativa estatal en la formación de empresas públicas”. Según se explica, esta prohibición “desarma al Estado para que pueda ejercer sus poderes soberanos plenos y, en esa medida, encargarse de los recursos naturales de la nación” y otros.

Estas reformas constituyen su propuesta principal en materia económica. Sin embargo, se añaden iniciativas como instalar “un sistema tributario progresivo que elimine privilegios”, lo que podría traducirse en un aumento de impuestos o eliminación de exoneraciones tributarias.

Los de siempre

El partido Perú Libre (PL) y la alianza Venceremos, conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú, brindan mayores y discutibles detalles sobre sus hojas de ruta.

Perú Libre, que llevó a la presidencia a Castillo, postula actualmente a su prófugo fundador, sobre quien pesa una prisión preventiva, Vladimir Cerrón.

Este plantea un “Estado planificador industrializador y redistribuidor”, “incrementar la participación de la industria manufacturera al 20% del PBI nacional al 2030 y aumentar el empleo industrial, entre otros.

También propone “asistencia técnica” del Estado o “apoyo estatal” para “tecnificar la agricultura nacional” y “fortalecer la producción ganadera nacional”. En ninguno de los casos, detalla cómo ejecutará dichas propuestas.

Por otro lado, dos aspectos que PL y Venceremos comparten están relacionados a Petroperú y al aumento de impuestos a “sectores de mayores ingresos”.

Sobre la empresa estatal petrolera, PL aspira, sin más, a que Petroperú “opere al menos tres lotes estratégicos al 2031”. A su vez, la alianza electoral con Ronald Atencio a la cabeza solo pide un voto de confianza para la compañía. “Lograremos su integración vertical y su solidez financiera”, sostiene sin dar más detalles.

Finalmente, en ambas rutas de trabajo hay expectativas por lo que puede hacer la “recaudación” de dinero de “grandes grupos económicos”. Una situación que sumaría varios puntos en el PBI, de acuerdo a sus estimaciones.

PL busca “eliminar privilegios tributarios injustificados” y “priorizar impuestos directos a grandes rentas y patrimonios”. Con ello, calcula “elevar la presión tributaria al 20% del PBI al 2031”.

En esa misma línea, además de las iniciativas ya citadas, Venceremos suma el impuesto a “los bienes de lujo” y a “quienes perciban ingresos superiores a S/500 000 anuales”. Precisa que solicitará facultades legislativas para derogar exoneraciones tributarias y “recuperar un equivalente al 2.3% del PBI” este 2026.

“Con estas medidas, elevaremos la presión tributaria al 18% en el tercer año y al 20% al final de nuestro mandato”, asegura.

Planes vencidos

Una mención aparte merece la alianza electoral liderada por Atencio, quien fue alguna vez abogado del hoy sentenciado a 15 años de prisión por afiliación al terrorismo Guillermo Bermejo.

Al igual que JPP, Venceremos señala como una de sus primeras medidas “modificar la Constitución”. La finalidad es “reformar los mecanismos de otorgamiento de concesiones para industrializar” y “controlar el destino de la producción”.

“Revocar, caducar o expropiar concesiones ociosas”, añade. En este marco, también busca revisar y renegociar los contratos-ley. Sin embargo, lo más llamativo está relacionado a la propuesta de una “segunda reforma agraria”.

La reforma agraria es un fracaso ya demostrado y cuyas consecuencias aún se viven. El 19 de enero, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Economía (MEF) que emita una nueva forma de registro y pago, en un plazo de sesenta días, para los bonos de la deuda agraria, es decir, para propietarios a quienes el dictador Juan Velasco Alvarado les arrebató sus tierras.

El TC consideró que la metodología que el ministerio usaba vulneró no solo el derecho de propiedad, sino también el derecho a recibir una indemnización justipreciada, de más de 300 mil ciudadanos que sufrieron expropiaciones en la reforma agraria.

Aún así, Venceremos plantea un “límite a la propiedad de la tierra agrícola, prohibición del latifundio y acaparamiento de tierras”, así como “eliminar la concentración de los derechos del uso de agua”. También se impulsará el “Nuevo Banco Agrario”.

Además, alerta que revertirá las concesiones mineras improductivas y se “caducarán las concesiones en zonas” que, a su criterio, “atenten contra el ambiente o el modelo de desarrollo determinado por sus poblaciones”. Agrega que se reordenará el régimen de concesiones mineras y se creará el Banco Minero.

En lista

Entre tanto, el partido político de Yonhy Lescano, Cooperación Popular, también vela por renegociar los contratos de concesión “para hacerlos más equitativos”.

Según su interpretación de la economía del país, se busca renegociar “los contratos de concesión que son lesivos a los intereses nacionales por su desequilibrio en sus beneficios”.

Además, considera que será necesaria la “aprobación de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente o el Congreso”.

Lo más controversial, sin embargo, está en la “regulación de determinadas áreas de la economía”. Estas son: “la venta de medicinas” y el “uso de infraestructura por grupos económicos que las utilicen intensamente”.