El 11 de mayo de 2019, la exalcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán de la Puente, confesó de manera pública:”Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del ´No a la Revocatoria¨. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”.
“Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña”, especificó.
Se refería a los US$ 3 millones que, según reveló Jorge Barata a la Fiscalía, le entregó la empresa Odebrecht en calidad de soborno para la campaña del No a la revocatoria.
La empresa OAS, por su parte, pagó US$ 3 millones para la campaña del No a la revocatoria y US$ 4 millones para la campaña de reelección de Villarán en el 2014. Total: US$10 millones.
Con una confesión de esta envergadura y los testimonios de altos ejecutivos de ambas firmas corruptoras, Villarán de la Puente goza de libertad en su casa de Lurín con una silmple comparecencia con restricciones.
No tiene prisión preventiva como otros reos con menos cargos penales que ella; tampoco arrestro domiciliario y no tiene obligación de acudir en persona a su control biométrico hasta el Cercado de Lima, como todos.
Debe cumplir dicho control en forma virtual y cada 15 días.
Sucesivamente favorecida por resoluciones judiciales, desde mayo de 2019 hasta mayo de 2021 Villarán pasó de la prisión preventiva a la situación de detención domiciliaria, y luego a la de comparecencia con restricciones, condición que mantiene hasta hoy.
La secuencia de fechas es como sigue.
El 15 de mayo de 2019 el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó imponer 36 meses de prisión preventiva y accedió a 18 meses.
El 13 de mayo de 2020 resultó favorecida por la coyuntura sanitaria del Covid-19. Una resolución judicial ponderó su situación de riesgo sanitario y su edad (71 años) y la puso en libertad bajo detención domiciliaria.
Al año siguiente, 21 mayo de 2021, el juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal e impuso a Susana Villarán comparecencia con restricciones.
La investigada ahora tenía libertad para movilizarse fuera de su casa en el área de Lima metropolitana.
INCUMPLIMIENTO.
En noviembre de 2023, la Fiscalía denunció que Villarán no cumplió en dos ocasiones con su constrol biométrico virtual, por lo que solicitó el apercibimiento
Al respecto, ayer, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió revocar la resolución de primera instancia que declaró fundado el pedido de apercibimiento de la Fiscalía contra Susana Villarán por incumplimiento de reglas de conducta (control biométrico).
Es decir, descarta adoptar alguna medida disciplinaria (apecibimiento) contra la procesada por corrupción.
