Escrito por Sofía López y Erik Rivera
Tía María no va. El gobierno del presidente Pedro Castillo decidió seguir el camino de sus predecesores y le dice no al proyecto minero Tía María, así lo informó el ministro de Economía, Pedro Francke.
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“Es un proyecto que los propios empresarios mineros se han dado cuenta que hay temas en los cuales la resistencia social es tan gran que no es viable socialmente y políticamente hoy”, afirmó.
Es necesario recordar que el proyecto minero Tía María en Arequipa se ha paralizado en más de una oportunidad debido a las protestas en el Valle de Tambo contra la iniciativa que está a cargo de la empresa Southern Perú.
Si bien la minera cuenta con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el 2015, así como con una licencia de construcción entregada el 2019, este no se ha llevado a cabo debido a la oposición de un sector de la población que se opone al proyecto desde el 2009.
ARGUMENTOS. El titular del MEF, Pedro Francke, recordó en RPP que el proyecto minero ya pasó por tres o cuatro olas de intento de ejecución que acabaron en represión y muerte.
Precisamente, desde el 2009 hasta la fecha, se han reportado cuatro paros indefinidos, que han tenido como consecuencia el fallecimiento de 6 civiles y un suboficial de la Policía Nacional (ver infografía).
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“Intentarlo nuevamente si ya te estrellaste contra un muro de resistencia social una, dos, tres veces, mira, déjalo ahí ¿no?”, consideró.
Cabe precisar que el ministro de Economía destacó que en el Perú, actualmente, existen buenos proyectos de inversión como el caso de Yanacocha Sulfuros, en Cajamarca.
“Perú tiene inversiones grandes que están avanzando a buen ritmo como Quellaveco, Mina Justa, el Aeropuerto Jorge Chávez y la Línea 2 del Metro”, manifestó.
POTENCIAL. Correo conoció que la cancelación del proyecto generaría una pérdida económica del 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir $1,400 millones, y echará por la borda 7000 puestos de trabajos directos e indirectos.
Tía María es un proyecto minero que iba a procesar óxidos de cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María, ambos ubicados en el desierto La Joya.
De acuerdo con la web oficial de la empresa Southern Perú, los principales datos numéricos del proyecto se resumen así: 3000 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción, 650 puestos de trabajo en la etapa de operación (directo) y 3500 (indirecto).
Se calcula que el yacimiento Tía María albergue 225.38 millones de toneladas métricas de cobre oxidado.
También destacan que gracias al proyecto minero, las autoridades locales podrán desarrollar obras de infraestructura socio-productiva.
Además, la minera sostiene que para su operación no utilizará agua del río o del Valle de Tambo.
Al cierre de esta edición, la minera Southern no se pronunció ni emitió un comunicado al respecto.
PÉRDIDAS. Sin embargo, el exviceministro de Minas, Rómulo Mucho, calificó las declaraciones de Francke como “un mensaje nefasto para las inversiones”.
“Es una noticia que ratifica la desconfianza que brinda el actual gobierno al inversionista”, sostuvo.
En diálogo con RPP, el ingeniero de minas destacó que no es fácil sacar un proyecto porque un sector de la población se opone, pero por lo menos como gobierno se tiene que dar un mensaje de “vamos a hacer el esfuerzo en sacar el proyecto, todavía hay que trabajar en la parte social”.
Mucho señaló en RPP que la actividad minera es una gran fuente de ingresos tributarios para el Estado y mueve la economía en diferentes sectores.
“La minería jala desarrollo de infraestructura, jala desarrollo de centrales eléctricas o de energías renovables, desarrolla proveedores de servicios, realmente mueve un sinnúmero de trabajos”, agregó.
HISTORIA.Lo señalado por el ministro Francke se alinea con la postura de los residentes locales que viven en el Valle del Tambo, pues desde el 2009 denunciaron el proyecto minero asegurando que se afectaría la disponibilidad del agua, lo cual limitaría la producción de arroz, caña de azúcar y páprika.
Precisamente, los dirigentes manifestaron que su decisión del rechazo al proyecto es definitiva porque los habitantes de la zona defienden su modo de vida vinculado a la agricultura.
Incluso, en setiembre de ese año realizaron una consulta popular para saber si las personas querían o no el proyecto y el resultaron fue abrumador: El 97.7% le dijo “no” a Tía María.
En 2015, la entonces gobernadora regional Yamila Osorio mandó a realizar un estudio a la ONG Labor, con la finalidad de analizar la situación social de Islay. Si bien el número descendió, aún el 72% se mostraba en contra del proyecto minero.