La absolución de Vladimiro Montesinos, y otros, en el caso de Leonor La Rosa, exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), mostraron una nueva verdad. Tres exmandos militares, sin embargo, fueron condenados a penas entre 10 y 16 años.

En diálogo con Correo, el penalista Mario Amoretti, exdefensor de algunos de los procesados, subraya que la denuncia de La Rosa “fue un invento” y que fue utilizada políticamente por el Gobierno de Alejandro Toledo.

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¿Reafirma que lo denunciado por Leonor La Rosa es falso?

Por supuesto. Yo fui abogado del comandante Rafael Salinas, del coronel Carlos Sánchez y de dos mayores. Conseguí que fueran absueltos en el fuero militar hace años.

¿Bajo qué argumentos afirma que es un invento?

Llegamos a demostrar que ella, en 1994, había sufrido un aborto espontáneo y que, a raíz de ello, quedó hemipléjica. Estuvo en tratamiento durante 6 meses.

Se recuperó y luego, en 1997, sufrió otro aborto cuando era interrogada en el SIE. Llegó a sostener que, previo a su violación, fue quemada con un cautín eléctrico en la cara; pero se demostró que era falso. Las supuestas violaciones jamás existieron.

Acusó a los cuatro militares, pero uno de ellos estaba en el Hospital Militar. Esa violación, y las supuestas lesiones, fueron totalmente falsas y demostradas (como tal) tanto en el fuero militar como en el civil.

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Aún así, Carlos Sánchez Noriega, José Salinas Zuzunaga y Percy Salcedo Sandoval fueron sentenciados...

Me sorprende. No hubo tal, sino el cumplimiento de una investigación contra ella. Por la pandemia dejé la defensa de los mencionados, pero ahora las familias (de los dos primeros) me han buscado para imponer el recurso de nulidad.

En el 2002, Alejandro Toledo entregó $120 mil  a La Rosa a modo de reparación ¿Esta cifra debe ser devuelta, entonces, en su opinión?

Toledo otorgó este cheque para justificarse políticamente y hacer uso de este caso. Está demostrado que es un pago ilegal, que fue por cuestiones políticas.

Eso fue lo que pasó con el caso de Pedro Huilca. Se hizo un uso ilegal de dinero del Estado para  conseguir votos o aceptación ante la opinión pública.

Aquí resulta que determinadas personas se benefician económicamente del erario nacional porque son utilizados políticamente, en su momento, por los presidentes o los gobernantes de turno.







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