Este miércoles se reanudó el juicio contra el expresidente Ollanta Humala, quien enfrenta cargos por lavado de activos vinculados a supuestos financiamientos ilícitos para su campaña electoral de 2006.
Durante la audiencia, el exasesor de Humala, Martín Belaunde Lossio, afirmó que el gobierno de Venezuela envió dinero en efectivo a través de valijas diplomáticas para financiar la campaña del líder nacionalista.
Belaunde Lossio, pieza clave en las investigaciones, detalló que el dinero le fue entregado personalmente en dos mochilas. “Algunas veces [el dinero] venía por valijas diplomáticas y otras veces no tengo la certeza cómo, pero a mí me lo entregaron en efectivo”, declaró.
Según el exasesor, la embajadora de Venezuela en Perú, Virly Torres, habría sido la encargada de hacer llegar el efectivo, cuya procedencia, señaló, era “evidentemente ilícita”.
El exasesor explicó que se recurrió a falsos aportantes y contratos ficticios para “blanquear” el dinero, una práctica que, según él, buscaba legitimar fondos de empresarios vinculados al gobierno venezolano.
“Evidentemente era un dinero ilícito porque era un dinero que venía de empresarios del gobierno venezolano y venía de manera subrepticia”, afirmó. Entre los aportantes mencionó al empresario venezolano Julio Makaren, quien, vinculado al sector petrolero, realizaba negocios con el régimen de Hugo Chávez antes de trasladarse a Estados Unidos tras enfrentar problemas legales en Venezuela.
Según Belaunde Lossio, estos fondos fueron utilizados mayormente en la campaña y el restante en equipos de televisión y otros gastos de prensa mediante contratos ficticios.
Además, en sus declaraciones mencionó la participación de asesores extranjeros en la campaña de Humala, contratados por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una institución española financiada por el gobierno venezolano para apoyar campañas de políticos de izquierda en América Latina.
Roberto Viciano, presidente de CEPS, lideraba el equipo de asesores en Perú, incluyendo a Ramón Pérez Almodóvar, Rubén Dalmao y José de Pablos, quienes trabajaban bajo contrato con CEPS.
La sesión fue cerrada por la jueza, quien anunció que el juicio se retomará el próximo 19 de noviembre.
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