Martín Belaunde Lossio: Sala Penal deja a voto pedido de extradición de prófugo empresario

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia dejó al voto el pedido de extradición de Martín Belaunde Lossio, que decidirá si es que retorna a juzgado o se le da luz verde al pedido remitiéndolo al Poder Ejecutivo.

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El procurador Anticorrupción Joel Segura sostuvo que sostuvo que los argumentos para la extradición son suficientes, pero pidió tener en claro que el caso aún se encuentra en plena investigación preparatoria.

"La Procuraduría ha pedido que se incorpore y se debate conjuntamente el nuevo cargo de lavado de activos contra él, el tribunal no lo ha creido conveniente, se le ha segurido que sea una sola audiencia donde se debata todos estos tres cargos, no ha aceptado estos términos", dijo.

Por su parte, José Urquizo, abogado de Martín Belaunde Lossio, indicó no estar de acuerdo con los argumentos de la Procuraduría Anticorrupción al considerar que son insuficientes y no pudieron absolver ni los tipos legales ni la calidad de la prueba cuando se les confrontó. “

"Se han salido de la interpretación de las normas de extradición y se ha advertido públicamente que tratan de acomodar hechos y acciones para logar sus objetivos”, precisó.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside Javier Villa Stein tiene hasta tres días para evaluar el expediente de extradición de Martín Belaunde Lossio. 

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Las autoridades judiciales bolivianas ordenaron la semana pasada el arresto domiciliario de Belaunde Lossio, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenara su detención preventiva "con fines de extradición".

El pasado 23 de enero, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó la petición de refugio solicitada por el empresario en Bolivia, quien aún puede apelar a una segunda instancia.

Martín Belaunde Lossio está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.

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