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El expresidente Martín Vizcarra aseguró hoy que “terceras personas” le pidieron “medio millón de dólares” y, a cambio, le ofrecieron “una resolución favorable” en el Poder Judicial ante el recurso interpuesto por su defensa para anular su inhabilitación política por 10 años interpuesta por el Congreso.
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“En estos dos meses, que no tenía trámite nuestra demanda de acción de amparo, venían por terceras personas a tratar de contactarnos. ¿Qué nos decían?, que esto esta demorando para darnos la oportunidad de negociar una solución o una resolución favorable a nosotros”, sostuvo hoy en una trasmisión a través de su cuenta de Facebook.
“Nos dieron monto, nos dieron un precio para conseguir justicia, nos dijeron medio millón de dólares, ¿puede creerse eso?”, señaló.
El exmandatario consideró que los ofrecimientos fueron por parte de “estafadores” que buscan “aprovecharse” de las demoras del sistema de justicia.
“No creemos que sea el Poder Judicial, creemos que son estafadores que tratan de aprovecharse de estas demoras del Poder Judicial para sacar provecho propio. Por eso hemos sido claros, para nosotros la justicia no tiene precio y no vamos a aceptar nunca cualquier insinuación que nos llegue para alcanzar la justicia que merecemos”, manifestó.
En esa línea, Martín Vizcarra se mostró confiado en que la justicia le dará la razón en otra instancia tras el rechazo del recurso para anular su inhabilitación.
“Rechazamos categóricamente ello, no lo vamos a aceptar, el mensaje es que no manden emisarios, nosotros vamos a ganar este proceso porque tenemos la razón y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. añadió tras reiterar que apelarán el rechazo a su demanda de amparo.
En una resolución que emitió la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia, se resolvió declarar como “improcedente” la demanda de amparo que planteó Vizcarra Cornejo contra el Parlamento que buscaba dejar sin efecto su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
La magistrada consideró que, lo que buscaba este recurso, es que la “justicia constitucional reemplace al órgano parlamentario” en una decisión tomada sobre un acto políticamente reprochable, “lo cual es inapropiado respecto al juicio político por su misma naturaleza”.
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