Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación Interino, pedirá al Poder Judicial que autorice el secreto bancario y el levantamiento de comunicaciones de Martín Vizcarra, luego de reabrir la investigación preliminar que se le sigue por una presunta concertación con empresas particulares para la compra de pruebas rápidas para la Covid-19.
Asimismo, Villena Campana también pretende requerir al Poder Judicial que ordene medidas similares a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesía, quienes también forman parte de esta investigación preliminar.
El fiscal de Nación Interino también señaló otra disposición para que el expresidente y sus exministros amplíen sus declaraciones indagatorias dentro de esta investigación preliminar, que serán programadas de acuerdo a la agenda fiscal.
Asimismo, el magistrado dispuso recabar de fuente abierta las recomendaciones o directivas que hubiera emitido la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, respecto al tipo de pruebas para la detección de la Covid-19 en los primeros meses del 2020.
Reabren investigación preliminar contra Martín Vizcarra y exministros por caso pruebas rápidas
Un mes después de haber dispuesto el archivamiento de la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo, la Fiscalía de la Nación admitió reabrir la investigación preliminar contra el exmandatario en el Caso Pruebas Rápidas.
La imputación es por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.
Tres exministros de Estado acompañan a Vizcarra en este caso: María Antonieta Alva (Economía), Elizabeth Hinostroza (Salud) y Víctor Zamora (Salud).
La Fiscalía de la Nación, mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ofreció algunos detalles en un comunicado público.
Detalló que procederá a un “reexamen” del caso.
“Se ha emitido la Disposición Fiscal N° 8, mediante la cual declara fundada las solicitudes de reexamen de lo actuado presentado por la denunciante Katherine Milagros Ampuero Meza y la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, alegando la existencia de nuevos elementos de convicción en la investigación preliminar” contra los encausados.
PLAZO
Agrega que se ha dispuesto reabrir la investigación por 120 días “para recabar los actos de investigación que obran en la carpeta fiscal N° 131-2020 que se tramita ante el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializa en Investigación de Delitos de Funcionarios, de Lima”.
Los nuevos elementos que aportarían Ampuero y la procuradora general de Estado, a los que alude el comunicado, no fueron dados a conocer.
Es pertinente recordar que el 3 de junio de 2024 el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, informó su decisión de archivar la denuncia.
“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión”, declaró Villena.
Remarcó que no se habían encontrado “indicios de un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas” involucradas.
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