El gobierno de Keiko Fujimori atraviesa sus primeras semanas en un panorama en el que la escalada criminal no deja de aumentar. Es por esta coyuntura que la mandataria aludió al tema hace unos días, durante la ceremonia central por el Día del Bodeguero, el pasado 12 de agosto.
“No podemos dar resultados en 15 días. Por favor, les pido paciencia, pero, sobre todo, que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, afirmó.
Sin embargo, el crimen no da tregua. De acuerdo con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), analizados por Correo, en los primeros 15 días de esta nueva gestión se perpetraron 89 homicidios, y el centenar de estos casos se superó el 14 de agosto.
Contraste
Aunque este gobierno recién comienza, el conteo diario ubica a la actual administración por encima del promedio registrado durante la gestión del golpista Pedro Castillo.
El exmandatario gobernó 498 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, lapso en el que se reportaron 2095 homicidios, con un promedio de 4.2 casos por día.
Tras la vacancia de Castillo, Dina Boluarte asumió el poder y permaneció 1038 días en Palacio, hasta el 10 de octubre de 2025. En su gobierno ocurrieron 5456 homicidios, con un promedio diario de 5.3 casos, cifra superior a la de su antecesor.
Posteriormente, tras la censura de Boluarte, José Jerí gobernó 130 días, periodo en el que se registraron 749 homicidios –del 11 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026–, con un promedio de 5.8 muertes al día.
El Congreso lo censuró el 17 de febrero, tras una votación de 75 votos a favor y 24 en contra.
Fue así como José María Balcázar asumió la Presidencia por sucesión constitucional y gobernó 160 días, hasta el 27 de julio de 2026. En su gestión hubo 943 homicidios, un promedio de 5.9 casos diarios, el más alto de los últimos cinco gobernantes.
Durante el gobierno de Keiko Fujimori ya se han reportado 102 homicidios en 18 días, lo que se traduce en un promedio de 5.7 casos diarios. La cifra se ubica por debajo del registro de Balcázar, pero por encima del promedio de Boluarte y Castillo.
Distribución
Lima concentra el mayor número de homicidios del país durante las tres semanas de esta nueva gestión.
La región acumuló 34 casos, equivalentes a un tercio del total nacional registrado entre el 28 de julio y el 14 de agosto.
El distrito del Rímac lidera el conteo dentro de la capital, con cuatro homicidios en el periodo analizado.
El Cercado de Lima le sigue, con tres casos, mientras que Los Olivos, Pachacámac, Puente Piedra y San Martín de Porres comparten el tercer lugar, con dos homicidios cada uno.
La Libertad ocupa el segundo lugar entre las regiones más golpeadas, con 12 homicidios en este lapso.
La provincia de Trujillo concentra la mayoría de esos casos, ocho en total, en una región que arrastra una crisis de extorsión y sicariato desde años anteriores. El distrito de Moche encabeza el listado de La Libertad, con tres homicidios. Trujillo, el distrito capital, reporta dos casos y El Porvenir aparece en tercer lugar, con un homicidio registrado en las últimas tres semanas.
Callao completa el “podio regional”, con ocho homicidios entre el 28 de julio y el 14 de agosto. A diferencia de Lima y La Libertad, la provincia constitucional concentra sus casos en solo dos jurisdicciones. Bellavista y el Cercado del Callao reportan cuatro homicidios cada uno, sin que ningún otro distrito de la región sume casos adicionales por ahora.
Asimismo, Piura suma siete homicidios en dicho periodo.
La provincia de Piura concentra cuatro casos, con Castilla como distrito más golpeado, tres homicidios, seguido del distrito de Piura, con uno.
Sullana aporta los tres casos restantes, todos registrados en el distrito del mismo nombre.
De igual forma, pese a ser una de las regiones menos pobladas del país, Tumbes suma seis homicidios en 18 días. El distrito de Tumbes concentra cinco de esos casos, mientras que Zarumilla reporta el sexto.
Análisis
El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo Tejada, explicó a Correo que el incremento de los homicidios responde a una transformación de la criminalidad y a la falta de continuidad en las políticas de seguridad.
“Estamos frente a un fenómeno social que se ha venido fortaleciendo durante las ultimas décadas, lo que estamos advirtiendo en estos últimos años es la evolución de una criminalidad común hacia una criminalidad mucho más organizada, violenta y económica”, alertó.
Para Angulo, es necesario diferenciar entre los resultados inmediatos y la estrategia contra el crimen que adopte el nuevo gobierno.
“Los homicidios de estos primeros días no son necesariamente responsabilidad del gobierno que acaba de asumir, pero sí es responsabilidad del gobierno en demostrar qué está haciendo para que los siguientes años sean menos”, subrayó.
El exjefe policial también planteó que las primeras acciones debieron concentrarse en identificar a las organizaciones criminales que generan mayor violencia y dirigir hacia ellas las labores de inteligencia e investigación.
“Se debió intervenir las economías criminales: dinero, armas, vehículos, inmuebles, empresas fachada, comunicaciones y lavado de activos. Además de recuperar el control de los penales, porque una organización criminal que sigue operando desde un establecimiento penitenciario no está realmente desarticulada”, aseguró.
Por su parte, el exministro del Interior Carlos Basombrío cuestionó que la estrategia dependa principalmente de las Fuerzas Armadas.
“Nos venden la idea de que los militares pueden estar en las cárceles, pueden estar en las fronteras, pueden estar en todos los lugares a la vez, pueden estar en los buses de los transportistas, cosa que es absolutamente imposible. Ellos tienen labores que cumplir, tienen la defensa nacional, tienen que trabajar en el VRAEM, tienen que ayudar en El Niño”, indicó.
Basombrío también descartó que una eventual delegación de facultades legislativas sea la solución central al problema. “Esto es un problema de gestión y de focalizarse en lo que funciona”, opinó.
Aunque, el sociólogo reconoció que si bien “no se pueden obtener resultados en 15 días, hay que advertirle a los peruanos, que lo que ha insinuado Fujimori, que sí se podía, no es cierto”.
