La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que evaluará el uso de los recursos procesales previstos por ley tras el fallo judicial que ordena al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar operaciones en el Puerto de Chancay.
El pronunciamiento fue emitido el 11 de febrero de 2026, luego de que el Poder Judicial declarara fundada la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima determinó que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es de titularidad privada y uso público, financiado íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión estatal. En ese marco, la resolución dispone que no corresponde aplicar un régimen de regulación integral como el previsto para infraestructuras concesionadas y declara inaplicables diversas normas administrativas vinculadas a las competencias de Ositrán.
No obstante, el fallo establece que la intervención estatal podría darse en materia tarifaria, siempre que Indecopi determine previamente la ausencia de condiciones de competencia en el mercado.
Asimismo, a través de un comunicado la PCM recordó que toda inversión, nacional o extranjera, está sujeta al marco constitucional vigente y reiteró que el puerto debe cumplir el ordenamiento jurídico peruano.
La PCM señaló que, de cumplirse los supuestos establecidos en la sentencia, recurrirá a los mecanismos procesales previstos por ley y reiteró que el Puerto de Chancay debe ajustarse al marco normativo peruano.
Además, recordó que diversas entidades del Estado mantienen funciones de control y fiscalización dentro del terminal.
Ositrán señaló que aún no ha sido notificado formalmente y que evaluará las acciones correspondientes una vez reciba la resolución.
En paralelo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó preocupación por la situación y respaldó el derecho soberano del Perú a supervisar su infraestructura crítica.
