Ministerio de Justicia: "Actuación procesal de Katherine Ampuero perjudicaba Decreto de Urgencia"

Luego que la exrepresentante de la ministra de Justicia y Derechos Humanos ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, señaló que la sacaron del cargo porque se negó a despedir a la procuradora ad hoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, dicho ministerio respondió y aseguró que la actuación procesal de la magistrada perjudicaba el propósito del Decreto de Urgencia No. 003-2017, que buscar asegurar el pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado.

Como se sabe, Julia Príncipe dijo que el presidente Pedro Pablo Kucyznki y el premier Fernando Zavala pidieron el retiro de la procuradora del caso Odebrecht, Katherine Ampuero. "A manera de ultimátum la ministra (Marisol Pérez Tello) me pide que destituya a la procuradora Ampuero, que era un pedido del presidente de la República y del premier Fernando Zavala, nuevamente mi respuesta fue no voy a sacar a la procuradora", indicó la exfuncionaria al referir que como se negó también la sacaron a ella.

Esta noche, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado que refiere que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un órgano colegiado encargado de supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado, defensa que se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos, y cuya presidencia recae en la ministra o quién la represente. "La abogada Julia Príncipe, fue designada por la Ministra Perez Tello como su representante; a la fecha, se ha dado término al referido encargo", indica.

"La ministra de Justicia comunicó personalmente a la abogada Príncipe que había perdido la confianza en la abogada Katherine Ampuero y le solicitó su destitución debido a que su actuación como procuradora ad hoc afectaba el cumplimiento del Decreto de Urgencia No. 003-2017 (...) que busca asegurar el pago efectivo de la reparación civil al Estado, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en el caso de proyectos en los que hubiesen participado empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido actos de corrupción... Este Decreto fue emitido por el Poder Ejecutivo y ha sido ratificada por el Congreso", señala.

En el documento, dicho ministerio precisa que el trabajo de los procuradores es definir la estrategia de defensa de los intereses del Estado y fijar la reparación civil. "Sin embargo -la actuación procesal de la procuradora ad hoc, consistente en interponer una medida cautelar para detener la venta de acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos, constituye una grave acción que perjudica el propósito del Decreto: evitar la paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, e impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a trabajadores, proveedores y acreedores en general, y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado", se lee.

Además, se subraya que la venta ya había sido aprobada por el Gobierno Regional de Lambayeque. "La medida solicitada por la abogada Ampuero, que es contraria a los fines del Decreto de Urgencia, obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto, poniendo en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad de recuperar dinero para la reparación civil... Al hacerlo, la señora Ampuero ha actuado en contra de una norma con rango de ley y ha perjudicado los intereses del Estado peruano y de los trabajadores y proveedores del proyecto Olmos", anota.

Se agrega que la ministra Pérez Tello tomó esa decisión (de retirar la confianza) e informó a presidente PPK y premier.