La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams, para recordarle que el proceso seguido contra los exministros Betssy Chavez, Willy Huerta y Roberto Sánchez requiere que el Parlamento apruebe, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la Comisión Permanente y, finalmente, el pleno; la acusación constitucional presentada contra dichos funcionarios.

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El primer paso de este proceso ya se dio a inicios de semana cuando la SAC aprobó por mayoría que la expremier, junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, sea acusada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, por el fallido golpe de Estado que anunció el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022.

Además, en el documento, dado a conocer por el diario El Comercio, Benavides pide al titular del Parlamento que dicten las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento procesal penal de los exministros.

“Resulta pertinente y necesario que vuestra institución tenga presente la posición jurisprudencial del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto de las medidas de aseguramiento procesal personal, para vuestra valoración y decisiones que adopten en el marco de su autonomía constitucional para la aplicación del artículo 89 literal l) del Reglamento del Congreso”, exhorta Patricia Benavides.

Este artículo refiere que “durante los procedimientos de acusación constitucional (...) la Comisión Permanente, o el Pleno del Congreso pueden solicitar al Vocal Titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, se impongan, cesen o modifiquen las medidas limitativas de derechos (...) y el impedimento de salir de la localidad en donde domicilie o del lugar que se le fije”.

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