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El ministro del Interior, Dimitri Senmache tiene mucho qué explicar sobre la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, tras conocerse ayer el comunicado del Ministerio Público en el que precisa varios puntos, con fechas y nombres, respecto las acciones adoptadas para la ubicación del hoy prófugo por el caso Puente Tarata.
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En el pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación -que despacha de manera interina el fiscal supremo Pablo Sánchez-, se señala que la PNP no cumplió con remitir informes completos de videovigilancia a Silva Villegas, pese a la solicitud formulada desde el 27 de mayo, con miras a tener su ubicación y seguirle sus pasos.
La videovigilancia comprendía informes sobre “lugares de permanencia, desplazamiento y actividades realizadas” así como las actividades realizadas y las personas con las que se habría reunido el investigado, precisó la Fiscalía.
El Ministerio Público detalló que la ejecución de la medida quedaba a cargo de la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin) en coordinación con la Dirección con la Dirección contra la Corrupción vinculados a Crimen Organizado (Dircocor).
Esta versión refuta lo dicho por el titular del Mininter, Dimitri Senmache, quien señaló a la comisión de Fiscalización que la medida de videovigilancia no contemplaba el seguimiento a Juan Silva y que, para ello, se necesitaba una orden judicial.
En el comunicado, el Ministerio Público dio cuenta que envió un informe con todos los pormenores del caso y las coordinaciones que realizó con la Dircocor.
DETALLES. En el pronunciamiento de la Fiscalía, se señala que el 27 de mayo, a las 11 de la mañana el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas, que despacha el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, se reunió de manera presencial con el jefe de la Dircocor y un comandante de la Policía para iniciar las coordinaciones de la videovigilancia sobre el prófugo Juan Silva Villegas. En esa reunión, se les informó que el investigado venía declarando por el caso Puente Tarata, en el mismo edificio donde se encontraban, la sede central del Ministerio Público, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay.
Ese mismo día, por la tarde, comunica vía Whatsapp a la Dircocor “a fin de que tome conocimiento de la disposición y conforme a lo coordinado previamente en reuniones y comunicaciones telefónicas. Igualmente, el documento fue entregado físicamente al comandante integrante del equipo policial, tal como consta en el cargo del escrito”, señala la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, la respuesta de la PNP no satisfizo el requerimiento de la Fiscalía: no tenían la ubicación de Juan Silva físicamente pero venían realizando un seguimiento digital, el cual, señalaron, formaba parte de un procedimiento de inteligencia.
Recién el 3 de junio, el Ministerio Público pidió un informe policial sobre la videovigilancia porque no habían recibido mayor información policial. Al día siguiente, la Dircocor respondió que no habían podido encontrar a Juan Silva en sus respectivos inmuebles en una búsqueda que realizaron el 3 y 4 de este mes, de acuerdo al informe que enviaron a la fiscalía.
Esto, a pesar de que el exministro brindó dos entrevistas presenciales a radio Exitosa y ATV, el 1 de junio.
“La falta de información dificultaba la orden de allanamiento con fines de detención al desconocerse el paradero del exministro, pese a la medida de videovigilancia para asegurar su ubicación”, explicó el Ministerio Público en su informe.
Tras ello, la Fiscalía de la Nación procedió a solicitar la detención preliminar de Juan Silva, medida que fue aprobada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
“Al no tener información policial de su ubicación real, se optó estratégicamente por implementarla al momento de su citación al despacho fiscal. Al no verificarse la concurrencia del investigado, la medida fue comunicada a la Policía para que proceda a la detención”, se lee en el pronuncamiento de la fiscalía.
“Para esta fecha la autoridad policial continuaba sosteniendo que monitoreaba al exministro, aunque no contaba con la ubicación efectiva de su paradero”, agrega el Ministerio Público.
El informe remitido a la comisión de Fiscalización también menciona que la policía no informó sobre el retiro del resguardo que le correspondía por su condición de exministro.
Como se sabe, el 6 de junio, el prófugo exministro solicitó el retiro del personal de seguridad del Estado que tenía como exfuncionario ante la Dirección de Seguridad del Estado.
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VERSIÓN. En su cuenta twitter, el titular del Mininter, Dimitri Senmanche, replicó unas declaraciones que dio ante la comisión de Fiscalización el último viernes, responsabilizando a la fiscalía de la fuga de Juan Silva Villegas.
“Si (la Fiscalía) tenía todas las pruebas antes del 26 (de mayo) ¿por qué no solicitó al Poder Judicial el allanamiento, el descerraje de su domicilio y la captura de esta persona (Juan Silva)? Si ya tenían todas las pruebas. Si lo hubieran hecho, la policía tenía que actuar”, remarcó.
Sin embargo, la Policía Nacional, a través de la Dircocor, contaba con la orden de aplicar la técnica especial de videovigilancia sobre el exministro desde el 27 de mayo a fin de determinar los lugares que concurría así como sus desplazamientos, actividades realizadas y personas que visitaba.
La disposición N°01 del 27MAYO2022 -según reveló Perú 21- tenía como finalidad “realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; y utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado, con la finalidad de determinar los lugares de permanencia y desplazamientos, actividades realizadas y personas con las que se reúne”.
La versión pone en duda las declaraciones del ministro del Interior sobre el caso Juan Silva.
