El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, señaló que la presidenta Dina Boluarte se allanará a las investigaciones que inició la Fiscalía por el caso del lujoso reloj Rolex que viene usando.
“El Ministerio Público tiene todo el derecho a comenzar las investigaciones que considere. Nunca la presidenta ha rehuido ninguna investigación, esta no será la excepción”, dijo Vásquez a la prensa.
Vásquez Sánchez también indicó que este caso es “doméstico” y consideró que existen temas más importantes.
“Estamos predispuestos a contribuir con la justicia, aunque nos parecen, a mí particularmente, que son cosas muy domésticas, habiendo tantos temas importantes en el país”, dijo el ministro de Salud.
Investigación
La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar las diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el uso de relojes de marca Rolex. A la mandataria se le acusa por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión e consignar declaración en documentos.
“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la echa, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.
Como se sabe, La presidenta Dina Boluarte ha sido objeto de atención mediática luego de un reportaje periodístico que documentó su afición por coleccionar relojes elegantes de pulsera, poseyendo al menos una docena de ellos, incluyendo un Rolex de acero con oro rosado valuado en US$ 14 mil.
De acuerdo con el portal periodístico ‘La Encerrona’, Dina Boluarte posee 15 relojes, incluyendo un costoso modelo Rolex que ha sido visto en varias de sus actividades oficiales.
Se estima que el precio del reloj, en caso de ser original y considerando sus diferentes variantes, oscila entre los 14 y 16 mil dólares.
Según el artículo 2 de la Ley 27482, la mandataria debió realizar una declaración jurada, con el fin de descartar indicios de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. Esta declaración debió incluir el rubro de bienes.
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