Por primera vez desde su nombramiento (16 de mayo, 2024) el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció estar dispuesto a renunciar si las medidas contra las extorsiones resultan ineficaces.
“Yo estoy convencido y creo que esto tiene que resultar necesariamente, y si no fuera así, entonces, tendremos que dar un paso al costado”, dijo en RPP.
Y remarcó: “Tendremos que dar un paso al costado si eso no funciona”.
“Nosotros estamos trabajando absolutamente fuerte con respecto a ese tema”, aseguró.
“Doy confianza y creo en el plan que estamos estructurando”, insistió.
“En el supuesto que fuera un escenario absolutamente adverso, conversaré con la señora presidenta de la República, y creo que como cualquier otra persona, daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente”, dijo, en un tono inusualmente modesto.
El plan de Santiváñez y su equipo es la declaración de emergencia por 60 días en catorce distritos de Lima Metropolitana en los que la actividad criminal de extorsionadores y sicarios es particularmente más activa.
Tales distrito son Lurigancho (Chosica), Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima y Ventanilla (Callao).
OPINIÓN.
En opinión del congresista Jorge Montoya, los estados de emergencia son medidas populista para traquilizar a la población.
“La solucion sería trabajar en forma ordenada con Inteligencia (policial). Si no hay inteligencia, no hay resultados”, asegura.
Tampoco tendría eficacia sacar a las Fuerzas Armadas.
Sostiene que las extorsiones provienen de “personas individuales”
“Si no se trabaja con inteligencia estamos perdiendo el tiempo todos”, concluye.
