Misión OEA podría lapidar al Gobierno

La decisión del Gobierno de acudir ante el Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana podría terminar siendo perjudicial para la gestión de Pedro Castillo.

El Consejo Permanente de la OEA acordó ayer, entre otros puntos, enviar un grupo de “alto nivel” al Perú para que evalúe la crisis política por la que atraviesa el país y se emita un informe ante dicho consejo.

La comitiva, que estará conformada por representantes de los países miembros del organismo, deberá reunirse con diferentes representantes de los poderes del Estado, las fuerzas políticas, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil, para obtener la mayor cantidad de información concerniente al panorama peruano.

Es preciso señalar que tanto en la lectura del pedido alcanzado por el Poder Ejecutivo como en la resolución emitida, no se hizo mención alguna a los casos de corrupción que involucran al mandatario y su entorno más cercano investigados por la Fiscalía.

SESIÓN. Ayer a la 13:30 horas, el Consejo Permanente de la OEA se reunió en una sesión extraordinaria en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos, para discutir el pedido formulado por el presidente Pedro Castillo para la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, a fin de “preservar la institucionalidad democrática”.

La solicitud planteada por el mandatario se enmarca en un nuevo intento de la actual gestión para evadir los graves cuestionamientos que pesan en su contra.

En su intervención, Edgar Ralón, relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que en el Perú existe “una alta conflictividad” entre los poderes públicos. Recordó que durante su visita a territorio nacional, del 10 al 14 de octubre, se produjo la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe de Estado. Sin embargo, en menos de 24 horas, se formuló una acusación contra Benavides, en el Congreso de la República.

Ralón también manifestó que el Tribunal Constitucional (TC) no se ha pronunciado respecto al margen en que se concibe la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, hecho que “ha contribuido a una situación de incertidumbre jurídica”.

“La institucionalidad de Perú está en riesgo y para superar dicho riesgo se necesita que cada una de las instituciones no se extralimite en las funciones expresamente contenidas en la Constitución y que el TC sea el guardián de que el principio de legalidad, el debido proceso y el correcto equilibrio de poderes funcione correctamente”, sostuvo.

En tanto, el canciller peruano César Landa indicó que el Perú “vive en la actualidad una grave crisis política” y que esta situación no permite al Gobierno enfocarse en la recuperación económica, la reducción de la pobreza, la educación, etc.

Indicó que, “a pesar de los distintos llamados al diálogo”, la confrontación no solo continuó sino que se agudizó. Resaltó que el envío de una misión por parte de la OEA “resulta esencial para realizar una mirada neutral e independiente de la actual situación que vive el Perú”.

CONCLUSIÓN. Durante la actividad, representantes de países como Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Ecuador se pronunciaron a favor de que el organismo colabore en tender puentes de diálogo entre los actores involucrados a favor de la estabilidad democrática.

No obstante, en algunos miembros, cuyos países son liderados por autoridades de izquierda, era más marcado el discurso en respaldo al gobierno de Castillo.

“Creemos que no hay ningún fiscal, que no hay ningún sector, ninguna facción parlamentaria que pueda ser más legítima y más importante, en términos democráticos, que la voluntad del pueblo, expresada en este caso por la voluntad del pueblo peruano”, señaló Carlos Alberto Raimundi representante de Argentina.

Finalmente, el Consejo acordó -de forma unánime- expresar su solidaridad y respaldo al Gobierno democrático peruano e hizo un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al debido proceso.

Asimismo, expresaron la disposición de la OEA de brindar apoyo y cooperación, ante el requerimiento del Perú, para promover el diálogo.

Como cuarto punto, se decidió designar “a un grupo de alto nivel”, conformado por representantes de los estados miembros para que, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, “realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación” de la que informará posteriormente al Consejo.

Al ser consultado por la no mención de imputaciones contra el mandatario en los documentos alcanzados a la OEA, el representante de Perú ante dicho organismo, Harold Forsyth, dijo escuetamente -a Canal N- que “espero que eso se pueda tratar ampliamente en la visita de los delegados a Perú que ha sido aprobado”.

ANÁLISIS. Para el excanciller Luis Gonzales Posada, si bien era “inevitable” que la OEA acceda al pedido del gobierno peruano por ser un Estado miembro, “el tiro saldrá por la culata” cuando la comitiva dé cuenta de las graves acusaciones contra el mandatario y su entorno.

Señaló que el grupo que llegue próximamente al país se entrevistará con representantes del Ministerio Público, quienes darán cuenta del contenido de las seis carpetas fiscales que involucran al mandatario y la actual gestión; y que se ha seguido el debido proceso. Situación similar ocurrirá con el Congreso de la República.

“El tiro al final le saldrá por la culata porque cuando ellos conozcan una serie de elementos que los peruanos conocemos, se darán cuenta que no hay ningún intento de golpe de Estado. El Ministerio Público ha actuado de acuerdo a sus prerrogativas constitucionales, igual que el Parlamento Nacional”, refirió.

A su vez, el internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores Miguel Rodríguez Mackay señaló que la denuncia de la Fiscalía contra Castillo Terrones “no es un argumento para sostener la viabilidad de la activación de Carta Democrática Interamericana”. “Aquí lo han llevado al error al presidente, lo han confundido. En la carta (a la OEA), a mí me asombra mucho, se dice de una modalidad de golpe de Estado. No existe eso, la doctrina es muy clara”, señaló.

Agregó que la figura del golpe de Estado implica un uso de la fuerza, que en este caso no ocurre.