A mediados de marzo de 2023 fue revelado por los medios el primero de las trece denuncias contra congresistas apodados coloquialmente “Mochasueldos”.
Estos legisladores fueron denunciados por extrabajadores de sus despachos de recortarles una significativa porción de sus sueldos, ilícito que la legislación tipifica como delito de concusión.
Los trece casos que desarrollamos en esta nota corresponden solo a congresistas elegidos para el período 2021 -2026.
Trascurrieron desde marzo de 2023 un año y casi cinco meses y, en este tiempo, los casos de “mochasueldos” fueron aumentando mes tras mes hasta llegar, a la fecha, a trece casos, el último de los cuales tendría como protagonista a la congresista María Agüero, de Perú Libre.
En la mayoría de los casos, la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno emitieron sanciones blandas o simplemente las enviaron al archivo.
En cambio, sí se observa más empeño en el Ministerio Púbnlico y, en algunos casos, en el Poder Judicial.
El más reciente es el caso de la congresista María Agüero, de Perú Libre, denunciada por una ex trabajadora de su despacho.
De los doce casos restantes solo el de María Cordero Jon Tay está en manos del Poder Judicial (ver infografía).
La bancada de Alianza Para el Progreso lleva la delantera en el número de congresistas de su bancada denunciados: seis casos (cinco mujeres congresistas, además de un varón).
Le sigue la bancada de Acción Popular con cuatro legisladores acusados.
ESPÍRITU DE CUERPO.
Según el abogado penalista Andy Carrión, hay evidencias de un espíritu de cuerpo en el tratamiento de los casos de recorte de sueldos.
“Creo que hasta el día de hoy lo que ha demostrado el Cojgreso de la República es un evidente espíritu de cuerpo”, comentó para Correo.
“Ese espíritu de cuerpo se manifiesta cuando solo los casos más escandalosos, con abundante prueba directa, son aquellas que, a insistencia de la Fiscalía y de la prensa, aceptan promover, y pasan a una segunda etapa admitiendo una acusación constitucional”.
En la mayoría de los casos, remarca Carrión, las denuncias que han pasado por las comisiones del Congreso o están en investigación preparatoria en el Poder Judicial son casos basicamente promovidos por la prensa y la Fiscalía.
A juicio del penalista, el delito de concusión “es una práctica generalizada” en el Congreso.
“No es una cuestión de Reglamentos del Congreso ni de legislación penal o constitucional”, señala.
“Así se reformen las directrices y procedimientos del Congreso de la República siempre vamos a seguir en lo mismo”, afirma.
“De lo que se trata es la calidad ética de los congreistas en general. Lamentablemente, elegimos a congresistas poco idómeos. Ese es el principal problema que tenemos”, razona.
“No es un mal de la norma; es un mal de personas”, remata.
Por último, precisa que hay cierta responsabilidad de los propios trabajadores que aceptan este tipo de situaciones y guardan silencio hasta que son despedidos.
“Esta prácica generalizada tambien se enfoca en los propios trabajadores o, mejor dicho, correligionarios que ven en la elección de un congresista una oportunidad de acceder a un trabajo (...) y hay cierto pacto para este tipo de situaciones”.
SE HA INTENSIFICADO.
El abogado especializado en asuntos parlamentarios, José Elice, observa que este ilícito no es exclusivo de este Congreso. Pero con una salvedad.
“En anteriores períodos congresales han habido casos aislados; pero creo que en el actual se ha intensificado el número de casos que se han hecho públicos, por lo menos”.
Solo una sanción drástica podría frenar este tipo de delitos, a su juicio.
“El prolema es que no tenemos organizaciones politícas de verdad. Entonces, los grupos parlamentarios, salvo uno o dos, estan integrados por personas que no tienen ideas ni programas. Más aún, no tienen una dirección detrás por lo que el transfuguismo parlamentario es lo que impera en el Congreso. Y eso hace difícil controlar a los parlamentarios”, opina.
“Pero cualquier acto de congresistas que obligan a sus trabajadores a entregar dinero de su remuneración debe ser drásticamente sancionado. Esta es una de las razones por las que la ciudadanía no cree en el Congreso. Y está por no creer en la democracia”, concluye.
EMBLEMÁTICO.
El más flagrante, la madre de todos los casos de “mochasueldos”, corresponde a la exlegisladora María Cordero Jon Tay, ex integrante de la bancada de Fuerza Popular.
A propósito de Cordero, la Corte Suprema de Justicia dictó comparecencia con restricciones contra de la excongresista por la presunta comisión del delito de concusión.
