¿Considera suficiente que la ministra reconozca que el contrato no debió firmarse?

La ministra, como profesional, debe dar el siguiente paso que es reconocer que ella ha sido responsable de esta mala utilización de los recursos públicos. Ella es la administradora de los recursos de todo el Estado y junto con el OSCE elaboran la Ley de contrataciones del Estado, que establece impedimentos para que sus familiares tengan contratos públicos. Los primeros que tienen la información de quiénes están impedidos son el OSCE y el MEF. Son ellos los que debieron informar al PSI y a todas las entidades públicas cuáles son las empresas impedidas de contratar con el Estado (...). Es lamentable que la ministra trate de trasladar la responsabilidad a funcionarios de menor categoría cuando aquí la principal responsable es ella y la presidenta ejecutiva del OSCE.

¿OSCE debe asumir parte de la responsabilidad del caso?

Sí, hay una responsabilidad administrativa que tendrá que asumir de repente con la destitución de la presidenta ejecutiva del OSCE, pero también hay una responsabilidad penal. Igual que en el caso de la ministra de Economía. Hay responsabilidad administrativa por no cumplir con su deber de cautelar el correcto uso de los recursos públicos en base a la información que maneja. Tanto la jefa de OSCE como la ministra deben ser destituidas. No es la primera vez que un ministro, incluso familiares del presidente de la República, han contratado con el Estado.

Fuera del proceso en investigación, ¿debería inhabilitarse la empresa donde es accionista el padre de la ministra?

La situación es clara. Lo ha admitido el padre de la ministra y ella: la empresa está impedida de contratar con el Estado. Administrativamente hablando, se debe eliminar del Registro Nacional de Proveedores (RNP) a la empresa de su padre. ¿Por qué está vigente? Seguramente esperan seguir cobrando dinero del Estado.

¿Hay un protocolo en el sector público para evitar estos actos?

Cuando un ministro asume funciones, incluso antes, de inmediato en el OSCE -es una práctica- con los DNIs de los padres, hermanos, salta la relación de empresas de los familiares.

¿Debieron haberse encendido las alarmas?

Se han gastado S/6 millones en optimizar el RNP para tener esa información. Sé que el OSCE ha denunciado a un congresista porque sus familiares contratan con el Estado, ¿por qué solo a un congresista y no a un ministro?

¿Es un direccionamiento?

En el OSCE hay un registro oculto de las empresas proveedoras del Estado cuyos dueños o representantes son familiares de ministros, incluso de congresistas. Lo de los congresistas también lo ocultan porque eso les sirve para chantajearlos cuando necesitan un voto.