MP allana Palacio para incautar videos de Yenifer. (FOTO: Juan Ponce Valenzuela)
MP allana Palacio para incautar videos de Yenifer. (FOTO: Juan Ponce Valenzuela)

El fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, llegó ayer hasta Palacio de Gobierno para incautar las grabaciones y videos de las cámaras de seguridad del recinto como parte de las diligencias por el caso que se le sigue a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo.

Mediante una resolución judicial de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, se autorizó al personal del Ministerio Público realizar el allanamiento con fines de registro e incautación de las filmaciones de los equipos ubicados en las puertas de acceso de la residencia presidencial y Palacio; así como la extracción de una copia espejo de los mismos de los días 8, 9 y 10 de agosto del presente año.

Los miembros del Equipo Especial acudieron a la Casa de Pizarro poco antes de las 5 de la tarde y permanecieron cerca de 10 minutos en el ingreso cercano al Jirón Áncash hasta que finalmente accedieron al recinto.

Al cierre de esta edición, tras 5 horas, la diligencia no había terminado. “Se advierte que se agotó la posibilidad de que voluntariamente se entreguen los videos de las cámaras y solo ante el reiterado incumplimiento se optó por la autorización judicial”, señala la resolución del PJ.

ANTECEDENTES. Es preciso señalar que, el 14 de agosto, en primera instancia, el juez Raúl Justiniano denegó el pedido de allanamiento de la Fiscalía al señalar que no era competente para atender dicho requerimiento. La decisión fue revocada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia el último 14 de setiembre.

De acuerdo a la resolución, la Sala concluyó que el magistrado no hizo una adecuada valoración de la solicitud al precisar que la medida solicitada por la Fiscalía recae sobre una persona que no es funcionaria.

Además, se determinó que se advierta a quienes se opongan a la ejecución de lo resuelto de la posibilidad de ser denunciados por delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.