Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Kenji Fujimori por “mamanivideos”

Escrito por Gabriel Mazzei y Glademir Anaya

“A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas. Los han golpeado”. Esto es lo que decía, y ofrecía, el entonces congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori Higuchi, a su colega de bancada, Moisés Mamani, para que vote en contra del proceso de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que se ventilaba en el Congreso en diciembre del 2017.

Esta conversación -grabada en video junto a otras pruebas- forma parte de la acusación que ha presentado la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla Corrales contra Fujimori Higuchi y otros ante el Poder Judicial.

En el documento de 351 páginas - con fecha 3 de enero del 2020 y al que accedió Correo- se lee que la fiscal Revilla pide 12 años de prisión para Kenji por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado así como la inhabilitación para cualquier cargo público por 15 años y 3 meses.

Por los mismos delitos, también están comprendidos los excongresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, así como el exasesor de Kenji, Alexei Toledo Vallejos. Sobre ellos, la representante del Ministerio Público ha pedido penas de 12, 11 y 12 años respectivamente.

Cabe mencionar que la investigación fiscal por este caso ha culminado. Acto seguido, la Fiscalía presentó la acusación ante el PJ, en un proceso que fue denunciado por el procurador anticorrupción, Amado Enco, el 22 de marzo de 2018.

Según el Ministerio Público, Kenji Fujimori habría negociado con el gobierno de Kuczynski ofreciendo votos en el Congreso para que no proceda la vacancia presidencial. Esto, a cambio de otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.

Las pesquisas abarcan los dos procesos de vacancia: el primero, que no prosperó, en diciembre del 2017, y el segundo, que no se llegó a exponer puesto que Kuczynski renunció un día antes, el 21 de marzo de 2018.

LAS ETAPAS. El proceso pasará ahora a una etapa intermedia o también llamada control de acusación, que estará a cargo del juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca.

En los próximos días, el magistrado convocará a una audiencia pública para evaluar el documento fiscal, con presencia de las partes involucradas.

Pero hay más. En el pedido, la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla ha solicitado un conjunto de medidas para asegurar la presencia de los investigados en el proceso.

Entre ellas, el impedimento de salida del país por 18 meses y el pago de una caución económica de 50 mil soles.

Para los excongresistas, también ha pedido la imposición de reglas de conducta (comparecencia restringida) como no ausentarse de la localidad en la que residen sin autorización fiscal o judicial y presentarse ante la autoridad fiscal/judicial las veces que sean requeridos.

La magistrada Revilla también pide que los coimputados no se comuniquen con testigos del proceso penal.

Todas estas medidas, vale aclarar, también serán evaluadas por el Poder Judicial en una audiencia pública y con presencia de las partes involucradas.

INTERÉS. En su solicitud, la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla Corrales enfatiza que la investigación preparatoria -iniciada en junio del 2018- revela “con meridiana claridad que un conjunto de personas vinculadas por un mismo proyecto criminal ha materializado diversos hechos punibles en tiempo y espacio diferentes”.

Así, la magistrada realiza una distinción en dos momentos: ”la compra de la función pública, que ha sido expresada en esta causa judicial como la compra de votos” para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de asegurar la libertad del expresidente Fujimori (cohecho activo genérico propio).

De ese delito, según la fiscal Revilla, deriva otro: tráfico de influencias agravado. Esto porque, según la Fiscalía, se realiza “el ofrecimiento de interceder ante autoridades judiciales o administrativas con la finalidad de garantizar el ofrecimiento de obras como parte de la contraprestación de la compra-venta de la función pública”.

La acusación fiscal toma como una de sus principales pruebas las grabaciones del excongresista Mamani con su “reloj espía”, en el que se ve y escucha a los acusados ofrecer presuntamente obras en la región Puno a cambio de que se vote en contra de la vacancia presidencial.

En una de esas grabaciones, se ve a Kenji decirle a Mamani: “Moisés, tú vas a consolidar la libertad de mi viejo. Tú la vas a consolidar (pausa). Nosotros lo hemos sacado, pero tú la vas a consolidar”.

En otra parte del documento acusatorio, la fiscal remarca que Kenji Fujimori “tomó parte de los actos criminales” para evitar la vacancia de PPK, “motivado, principalmente, en lograr la libertad de su padre”.

“El pedido de vacancia presidencial fue la oportunidad que encontró Kenji Fujimori para poder formular intereses comunes” con el entonces mandatario.

Así, la Fiscalía señala que “los objetivos de gobernabilidad del país pasaron a un segundo plano o nunca tuvieron prioridad”, sino “la satisfacción de intereses particulares e ilegales”.

Tanto Kenji como PPK, según la Fiscalía, “actuaron coordinadamente en aras de lograr sus objetivos” realizando actos ilícitos.

OBRAS. Asimismo, en la acusación se menciona como material probatorio reuniones que sostuvieron Mamani y otros como el exjefe de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Fredy Aragón, y elexministro de Producción, Bruno Giuffra.

Ambos son investigados por este mismo caso pero en otra carpeta fiscal.

La fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla también incluye el testimonio de testigos protegidos y peritos.