La presidenta de la República, Dina Boluarte, parece seguir los pasos de su predecesor Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo, quien constantemente aseguraba que “daría la cara”, pero a la hora de tener que responder ante las autoridades judiciales optaba por guardar silencio.
Precisamente, la mandatario asistió ayer a la sede de la Fiscalía de la Nación (FN) para responder por la investigación que se le sigue por las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno, todo en medio de un impresionante despliegue de seguridad policial. Sin embargo, prefirió no responder las preguntas.
SILENCIO
En horas de la mañana, al menos una decena de agentes policiales formaron un cordón en los exteriores de la sede del Ministerio Público (MP) ubicada en la Avenida Abancay, en el Centro de Lima.
En paralelo, integrantes de la Policía resguardaban los exteriores de la casa de la presidenta Boluarte, desde donde partió para acudir a su citación fiscal.
La jefa de Estado llegó al promediar las 8:50 de la mañana bajo fuertes medidas de seguridad, además se instalaron rejas y agentes policiales fueron distribuidos en las calles aledañas.
Cabe precisar que la diligencia corresponde a una ampliación de declaración indagatoria para Boluarte Zegarra, investigada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Ya en la oficina del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales inició la diligencia con la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como el fiscal Carlos Huamán.
Por la Procuraduría General del Estado (PGE) se hicieron presentes Omar Rojas, coordinador de la Unidad que está a cargo de los casos contra altos funcionarios, así como Joel Córdova, coordinador de litigio. También estuvo presente Joseph Campos, defensa legal de la mandataria.
El fiscal Carlos Huamán fue el encargado de leer las disposiciones fiscales sobre la ampliación de la investigación y el encargado de hacer la pregunta sobre lo que tenía que decir la mandataria.
Fuentes de Correo indicaron que la presidenta Boluarte se abstuvo de responder.
Cuando le llegó el turno a la Procuraduría, ocurrió una situación similar, pues la mandataria guardó silencio a las más de 40 interrogantes.
Además, se generó una breve controversia durante la diligencia debido a que Joseph Campos, abogado de Boluarte, intentó que las preguntas de la Procuraduría no sean incluidas dentro del acta fiscal. Pero no logró su objetivo, porque la Fiscalía rechazó su requerimiento.
VERSIÓN
Por su parte, Joseph Campos, abogado de la presidenta Boluarte, defendió la actuación de su patrocinada en la diligencia: “No se trata de guardar silencio, hemos respondido, hemos dicho que ´nuestras respuestas de las primeras declaraciones se extiendan a todas las demás´”.
En declaraciones a la prensa, el letrado intentó explicar por qué no respondieron a las preguntas de la Procuraduría.
“El artículo 88 del Código Procesal Penal establece que no se debe permitir la participación además del MP, pero ese es un tema que ya está solucionado, el MP lo admitió. Nosotros somos respetuosos, hemos decidido no seguir con la declaración”, sostuvo.
Por otro lado, el premier Alberto Otárola llegó a la sede fiscal a las 2:30 de la tarde. Su interrogatorio inició treinta minutos después.
Tras casi cinco horas de diligencias, el jefe del Gabinete se retiró.
A diferencia de Boluarte, el premier Otárola sí habría respondido a las interrogantes de la Fiscalía y la Procuraduría.
