Son seis los prófugos que alguna vez escaparon de la justicia al verse acorralados por medidas judiciales como la prisión preventiva o detenciones preliminares y quien pasó recientemente a formar parte de este grupo es el hermanísimo Nicanor Boluarte.
El pariente de Dina Boluarte Zegarra escapó de las autoridades para evitar afrontar una preventiva por 36 meses y se encuentra en la clandestinidad para no asumir parte de su responsabilidad por intentar entorpecer la investigación de “Waykis en la sombra”.
Su condición es inubicable pese a que ya se ordenó a la Policía a detenerlo y recluirlo en una prisión en la que acate la medida judicial.
Otros casos.
Sin embargo, no es el único que alguna vez optó por escapar. Antes lo hizo Fray Vásquez Castillo, el sobrino del expresidente Pedro Castillo, quien se mantuvo prófugo de la justicia.
El 28 de enero del 2024, después de evadir a la justicia por casi dos años, se entregó a la justicia en la ciudad puneña de Desaguadero, que está en frontera con Bolivia, a fin de acatar los 24 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el caso “Puente Tarata”.
En aquella fecha la Fiscalía lo acusó de haber sido parte del brazo operativo de la red criminal que habría liderado su tío, que entregaba obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambiuo de millonarios sobornos.
Quien también forma parte de este grupo de prófugos es Bruno Pacheco, el exsecretario general de Castillo. Él estuvo fuera de las manos de la justicia desde el 28 de marzo de 2022 después de haber sido acusado por los casos Puente Tarata 3, Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
No obstante, se entregó un 20 de julio al sentir la presión psicológica de la justicia y lo hizo para revelar graves actos de corrupción que complicaron la situación de Castillo, como por ejemplo, el que el expresidente que haya coordinado su fuga mediante el entonces subsecretario general, Beder Camacho, cuando esperaba una detención preliminar.
Otro integrante de estos prófugos es Juan Silva. El 31 de julio de este año el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva en su contra por el caso Puente Tarata, aunque él se encuentre no habido desde el 4 de junio del 2022, cuando estallaron las investigaciones en su contra por ser parte de una aparente red criminal que fue beneficiada por licitaciones irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La justicia trata de ubicarlo en el interior y exterior. El Juzgado Supremo de Investigación ya ha informado este año que la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) mantiene vigente una notificación roja para la búsqueda, ubicación y captura” de Silva Villegas hasta el 10 de junio del 2027.
Sin huellas.
Otro prófugo de la justicia que calza perfecto en este listado es Vladimir Cerrón, el exgobernador de Junín. Él se encuentra prófugo de la justicia desde el 6 de octubre del 2023. Entre sus últimas apariciones públicas lleva como registro el 13 de agosto en un vídeo en el que celebró el aniversario de Perú Libre. Tres días antes también se le pudo ver en otro vídeo, en medio de una asamblea extraordinaria de su partido, en el que se modificaron estatutos de la organización política.
Como sabemos ese mismo 6 de octubre el Poder Judicial lo sentenció por el caso Aeródromo Wanka y le impuso una pena de prisión efectiva de 3 años y 6 meses. Desde allí no se le ubicó más.
Las autoridades señalan que Cerrón buscó asilo en Venezuela para no ser capturado por el gobierno de Dina Boluarte. Se sospecha que tendría cierto vínculos políticos con Nicolás Maduro, el presidente de dicho país.
No solo se trataría de la ideología que comparten, sino por ejemplo la relación de sus parlamentarios con dicho país. Como sabemos, tanto Kelly Portalatino, Elizabeth Taipe, María Agüero, entre otros, viajaron a Venezuela para participar como veedores de las pasadas elecciones presidenciales y que indicaron que jamás hubo fraude, pese a las denuncias de una inmensa mayoría que señalaba a Maduro de manipular los votos.
Otro más de este grupo de prófugos es Alejandro Sánchez Sánchez, el conocido dueño de la casa de Sarratea (Breña). Él estuvo prófugo de la justicia por el caso Asesores en la sombra, pero en junio pasado fue deportado a territorio peruano desde los Estados Unidos. Fue arrestado en la frontera entre México y Estados Unidos tras varios meses de haber estado prófugo.
Es conocido por asociarse con Pedro Castillo cuando este postuló a la Presidencia de la República y que le ofreció su vivienda para sus actividades o reuniones políticas.
Búsqueda.
Ayer por la tarde, luego de casi 24 horas de haberse ordenado la prisión preventiva en contra de Nicanor, la Policía llegó hasta su domicilio en San Borja para cumplir con el mandato de ubicación, conducción y captura del investigado.
Los agentes que llegaron al lugar ingresaron al edificio donde se encuentra el departamento del hermano presidencial. Sin embargo, solo fueron atendidos por su hija quien dijo desconocer el paradero de su padre.
La última vez que se le vio a Nicanor fue hace cuatro días, cuando participó de manera virtual en una audiencia judicial que estuvo dirigida por el juez Richard Concepción Carhuancho. Desde ese entonces no se le vio más.
No obstante, sus abogados han dicho que la medida impuesta en contra de Nicanor es arbitraria e incluso hasta política. Joseph Campos, abogado de Boluarte, aseguró ayer que la defensa legal busca que el magistrado Concepción Carhuancho se aparte porque ya había adelantado opinión sobre el caso del “Wayki”.
En declaraciones a la prensa Campos afirmó que hace menos de dos semanas se difundió en Youtube un vídeo en la que dicho juez aparece en una clase, en la que habla de ética y de corrupción, mencionando a Nicanor Boluarte.
