No debaten proyecto para que el Congreso absorba al Parlamento Andino

Mañana se cumplen exactamente 19 meses desde que se presentó una iniciativa legislativa para que el Congreso de la República absorba las funciones del Parlamento Andino en el Perú y, en consecuencia, disminuir considerablemente los gastos públicos innecesarios que genera dicha institución.

Sin embargo, el proyecto duerme en el sueño de los justos en la Comisión de Constitución, porque el tema ni siquiera ha sido tratado en el mencionado grupo de trabajo, no tiene un dictamen y todo indica que no existe un ánimo de debatir la propuesta.

Cabe precisar que el Parlamento Andino es un órgano deliberante conformado por los países de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso de nuestro país, está integrado por cinco representantes electos que gozan de beneficios muy similares a los que tiene un congresista, aunque sus decisiones no se llevan a la práctica, sino que son “sugerencias”.

Lo integran: Fernando Arce (Perú Libre), Luis Galarreta (Fuerza Popular), Leslye Lazo (Acción Popular), Gustavo Pacheco (Renovación Popular) y Juan Carlos Ramírez (Avanza País).

AL FONDO

El 4 de noviembre de 2021, el congresista José Luis Elías Ávalos (Podemos) presentó un proyecto denominado “ley de elecciones de representantes ante el Parlamento Andino”.

El objetivo de su proyecto es que la representación del Parlamento Andino recaiga en el Congreso a partir del año 2026.

Para lograrlo, se propone que dentro del grupo de 130 congresistas electos se seleccione a cinco titulares para el Parlamento Andino, además, dos suplentes para cada uno de ellos.

Los postulantes serán presentados por los voceros de las bancadas ante la Oficialía Mayor del Congreso.

“Se respetará la alternancia y paridad de género en la composición de la lista”, reza el documento.

La elección de la lista ganadora se hará con mayoría simple de congresistas hábiles, es decir, la mitad más uno (66).

A pesar de que ha transcurrido mucho tiempo desde que se presentó el proyecto, el texto no ha sido tomado en cuenta.

A esto se le suma una iniciativa similar que presentó la congresista Digna Calle (Podemos) el 2 de febrero de este año.

A diferencia de su colega de bancada, la propuesta de Calle refiere que será la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso la encargada de elegir a los cinco congresistas para el Parlamento Andino.

“Los representantes peruanos ante el Parlamento Andino ejercen la representación anualmente e informan al pleno sobre los logros de integración obtenidos”, precisa la propuesta.

En los motivos para sustentar su propuesta, la podemista refiere que las decisiones del Parlamento Andino se consideran “recomendaciones que no generan un impacto directo en la legislación interna de los países miembros” de esa institución.

“Al respecto, se puede identificar que ninguna acción ejecutada por el Parlamento Andino ha tenido algún efecto vinculante o de importancia en la administración interna de Perú”, destaca la iniciativa.

En la misma línea señala que son pocos los logros que generan un impacto considerable en el Estado Peruano.

Correo buscó la versión de Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, para entender por qué el tema no ha sido puesto en la agenda de su grupo.

Sin embargo, no obtuvimos respuesta de su parte.

SIN EFECTIVIDAD

Los parlamentarios andinos reciben una remuneración mensual de 15,600 soles, tienen personal y realizan viajes al exterior.

Sin embargo, las función que desempeñan no se materializa como un beneficio para el Perú concretamente, sino que son “sugerencias”.

Precisamente, una de sus funciones es la legislativa. De acuerdo con su página web, esta consiste en lo siguiente: Participamos mediante recomendaciones en la generación normativa del proceso andino de integración sobre temas de interés común para su incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Su función de “control público” es la facultad que tienen para emplazar a una persona natural o jurídica para que rinda información oral o escrita.

Otras de sus funciones es la de “fiscalización”, la misma que consiste en examinar la conducta de los representantes y funcionarios de los órganos e instituciones del Sistema Andino de integración.

Incluso, tienen una función denominada “electoral” que se refiere a la elección de los representantes de los órganos subsidiarios que tiene el Parlamento Andino.

Mientras que su función protocolar les permite recibir a los representantes de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, jefes de Estado de los Gobiernos de los países miembros y otras altas autoridades.

En resumen, el Parlamento Andino es una entidad que no tiene efectividad porque no tiene capacidad para tomar decisiones, sino que sus tareas se limitan a dar recomendaciones.

DESCARGOS

El parlamentario andino Fernando Arce, electo por Perú Libre, se mostró a favor de la propuesta para que el Congreso de la República asuma las funciones del Parlamento Andino, sin embargo, hizo una precisión.

“Yo estaría de acuerdo si nos dan la vinculancia que estamos pidiendo hace mucho tiempo”, dijo.

Es decir, estaría de acuerdo con la iniciativa siempre que se permita que el Parlamento Andino pueda hacer efectivas sus propuestas y no solo dar recomendaciones.

Consultado por los beneficios que ha traído para el Perú el actual Parlamento Andino, Arce afirmó que son varios como la capacitación de los jóvenes en colegios y la inserción de universidades en la Red Andina de Universidades Acreditas.

“Estamos trabajando los temas de pueblos originarios, los proyectos de cooperación y se está trabajando la creación de la universidad Binacional”, indicó.

Además, mencionó como logros la consolidación del roaming internacional y que los peruanos puedan ingresar a los países miembros de la Comunidad Andina solo con su Documento Nacional de Identidad.

Sin embargo, Arce olvidó precisar que ambos logros corresponden al Parlamento Andino del período anterior.

En diálogo con Correo, Fernando Arce reconoció que el Parlamento Andino trabaja como puente ante diferentes instancias en algunos problemas.

En el Perú intentan responder a las necesidades de alcaldes y gobernadores regionales, mientras que a nivel internacional tienen una función de diplomacia parlamentaria.

“No hay esa vinculancia. (Lo que hacemos) son marcos normativos que han quedado en el aire por la falta de vinculancia”, precisó.