Diez candidatos lideran el conteo en sus regiones con más del 30% de votos válidos y se proyectan como virtuales ganadores.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya contabilizó más del 96% de las actas en cada una de esas regiones.

Ocho de los diez registran sentencias o denuncias fiscales, mientras que los otros dos enfrentan cuestionamientos. Cada caso tiene un estado distinto.

Sentencias

Rosali Leandro Tarazona (País para Todos) lidera en Huánuco con el 31.88% de votos válidos y 118,546 votos.

Sin embargo, registra una sentencia penal de 2019 por agresiones contra la mujer, en la modalidad de maltrato psicológico, según su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El documento revela que el Segundo Juzgado Unipersonal de Flagrancia dictó reserva de fallo condenatorio, y que su pena habría sido cumplida.

Asimismo, Leandro registra una sentencia no penal de 2023 por violencia familiar. Fue el Segundo Juzgado de Familia de Huánuco que declaró fundada la demanda.

En tanto, Máximo Óscar Cabrera Cabrera (Avanza País) lidera en San Martín con 31.24% de votos válidos y 146,756 votos.

En su caso, registra cuatro sentencias no penales por procesos de alimentos, vinculadas a obligaciones de manutención.

Los expedientes corresponden a los años 2001, 2003, 2004 y 2007.

Cabrera también figuraría con dos procesos vigentes por lavado de activos y un caso por proxenetismo en el Ministerio Público, según reportó El Comercio en agosto de este año.

Cabrera ha replicado que el caso de 2013 corresponde a un fraude procesal archivado, y que la investigación por lavado está archivada.

Por su parte, Sandro Acosta Villavicencio (Somos Perú) lidera en Ucayali con 34.35% de votos válidos, es decir, 78,310 votos. En su historial registra una sentencia penal de 2007 con reserva de fallo.

El Tercer Juzgado Penal de Coronel Portillo la dictó por conducción vehicular imprudente y desobediencia, y resistencia a la orden oficial.

Denuncias

De otro lado, Elvyn Samuel Díaz Tello (Ahora Nación), lidera en Apurímac con 37.66% de votos válidos y 83,628 votos.

Díaz registra dos carpetas fiscales por los presuntos delitos de cobro indebido (2021) y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (2022).

Como se recuerda, Díaz fue designado director de la Programa Sectorial III de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho, en septiembre de 2019 hasta su renuncia en abril de 2022.

Por su lado, Pabel Néstor Bellido Miranda (Libertad Popular) lidera en Ayacucho con 35.22% de votos válidos y 110,869 votos.

Pero Bellido cuenta con 20 carpetas fiscales como imputado en Ayacucho. Diez de ellas corresponden al presunto delito de concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado), según el medio local El Vocero.

De igual forma, Pedro Carmelo Spadaro Philipps (Renovación Popular) lidera en el Callao con 51.73% de votos válidos y 290,782 votos.

En su caso, en 2025, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta colusión agravada tras una presunta adjudicación de 27 órdenes de servicio por S/152,000.

En abril de 2026, la Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanaron 15 inmuebles dentro del caso “Los socios fantasmas”, incluida la vivienda de Spadaro.

Otro es Juan Carlos Común Gavilán (Alianza para el Progreso), quien lidera en Huancavelica con 33.88% de votos válidos y 77,157 votos.

La Fiscalía pide 9 años de prisión en su contra por presunta colusión agravada en una obra de saneamiento.

Según el medio Huancayork Times, la obra habría generado un perjuicio de S/994,000 durante su gestión como alcalde de Tayacaja (Huancavelica). Incluso, el juicio tiene audiencia prevista el próximo 22 de octubre.

En la lista también está Juan Enrique Mendoza Uribe (Somos Perú), quien lidera en Ica con 30.76% de votos válidos y 157,078 votos.

En septiembre de 2026, el portal La Lupa reveló que Mendoza tiene siete expedientes fiscales activos. Entre ellos figura una denuncia por presunta violación sexual de un menor de edad.

La Fiscalía de Pisco abrió el 18 de agosto de 2026 una investigación preliminar por ese hecho, con un plazo de 60 días.

Cuestionados

Entre los diez virtuales gobernadores se tiene además a Simón Pedro Horna Alpaca (Ahora Nación), quien lidera en Madre de Dios con 36.18% de votos válidos y 31,300 votos.

Sobre Horna recae el pedido de la Procuraduría del Gobierno Regional de Madre de Dios de denunciarlo por la pérdida y deterioro de equipos médicos en 2021.

Además, está relacionado con la minería informal y es considerado uno de los promotores del paro minero de abril de 2014, en el que murieron cuatro personas.

También está Verónika Fanny Mendoza Frisch (Alianza Electoral Venceremos), quien espera mantener su 30% de votos válidos en Cusco para no irse a un balotaje. Todo dependerá de los Jurados Electorales Especiales, que tienen pendiente al cierre de la edición resolver 45 actas derivadas de la ONPE.

Como se recuerda, la Fiscalía abrió en 2024 una investigación preventiva a Mendoza por presuntamente incitar a disturbios y conspirar para rebelión, sedición o motín. Asimismo, tuvo que declarar en 2016 como “testigo” en el caso de las agendas de Nadine Heredia.

Análisis

La politóloga Gabriela Navarro explicó a Correo que uno de los mayores riesgos al ocupar el cargo de gobernador con este tipo de antecedentes radica en cómo disponen su agenda edil.

“Si la autoridad tiene que dedicar una parte importante de su gestión a responder cuestionamientos judiciales o políticos, esto puede afectar la capacidad de construir confianza y generar un escenario de permanente confrontación”, sostuvo.

Para Navarro, los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y definir sus prioridades al filtrar a sus candidatos.

“Si una organización conoce los antecedentes o cuestionamientos de una persona y, aun así, decide colocarla como su principal carta electoral, debemos preguntarnos qué está priorizando”, opinó.

La analista detalló que debe mejorarse la transparencia para decidir el voto.

“Este escenario también evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a información sobre los candidatos para que el elector pueda tomar una decisión conociendo sus antecedentes y distinguiendo claramente entre una denuncia, una investigación y una sentencia”, afirmó.