Populismo extremo en dos leyes del Congreso

Inconstitucionales. Este es el término que diversos especialistas utilizan para calificar dos leyes aprobadas por el Congreso sin sustento técnico: aquella que permite la devolución de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por hasta 4300 soles y la que otorga el ascenso automático a los profesionales de salud.

La primera fue aprobada ayer, literalmente entre gallos y medianoche, con 106 votos a favor. Así, obtuvo el respaldo de la mayoría de las bancadas parlamentarias.

La norma, además de permitir el retiro del mencionado monto a aportantes activos e inactivos de la ONP, otorga también un bono extraordinario de 930 soles -un salario mínimo- a los jubilados de la Ley 19990.

En cuanto a la segunda ley cuestionada, para el ascenso automático de los profesionales del sector Salud, el Parlamento la aprobó por insistencia con 115 votos, ya que el Ejecutivo la había observado. Ahora solo queda que se promulgue para su cumplimiento.

Esta norma no solo se aplicaría al personal de Essalud y el Ministerio de Salud (Minsa), sino también a otros sectores que administran hospitales, como los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el portafolio del Interior.

De esta manera, miles de trabajadores que tienen un Contrato Administrativo de Servicios (CAS) podrán pasar a ser nombrados, de acuerdo con su tiempo de servicio.

FORADO. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la devolución de hasta 4300 soles a los aportantes activos e inactivos de la ONP y el bono de 930 soles a los jubilados de la 19990 demandarán un gasto de nada menos que 13 mil 697 millones de soles para el Estado, los que afectarán en gran medida el presupuesto nacional, pues no se tiene una partida para cubrir tal monto.

Por este cuantioso gasto -adelantaron nuestros informantes- el Ejecutivo ya se apresta a preparar la observación de la autógrafa de ley. La presentará, añadieron, en los próximos días.

NO PASAN. Sobre estas iniciativas, César Landa, constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) enfatizó que el Poder Legislativo no puede crear ni aumentar el gasto público.

“Están realizando modificaciones presupuestales en materia salud y, por otro lado, estarían generando un déficit en el retiro de fondos de la ONP. Esto va a producir un desequilibrio financiero y viola el articulo 78 de la Constitución”, dijo.

Agregó que, en respuesta, el Ejecutivo podría interponer una demanda de inconstitucionalidad.

“También podrían presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, ya que el Parlamento asume atribuciones de manejo de ejecución presupuestal que no le compete, pues solo le corresponde la aprobación de la Ley de Presupuesto”, explicó Landa.

Desde la óptica del constitucionalista Luciano López, la norma sobre el ascenso automático y nombramientos de profesionales de salud discrepa con lo que dispone la Carta Magna.

“En el caso del Seguro Social, estos fondos no se alimentan de un sol del Poder Ejecutivo, sino de los aportes de los trabajadores. La solución escogida por el Parlamento es inconstitucional, porque el artículo 12 de la Constitución  dice que esos fondos son intangibles”, advirtió.

Añadió que antes de que el Gobierno presente una demanda de inconstitucionalidad por la devolución de aportes, debe primero debería plantear una acción de amparo para que un juez paralice los pagos mediante una medida cautelar.

“La demanda ante el Tribunal Constitucional demorará tres meses mínimo”, destacó.

En esa línea, el constitucionalista Omar Cairo refirió que la demanda de inconstitucionalidad que presente el Ejecutivo “no suspende los efectos de la ley”, y que los pagos que se hayan hecho a los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones “no van a perder eficacia”.

PERJUICIO. Por su parte, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla estimó que la propuesta sobre la ONP tiene un costo fiscal e entre 2 y 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en una coyuntura de finanzas públicas muy debilitadas por la caída en la recaudación.

“El Ministerio de Economía  se verá obligado a reorientar partidas de gastos, dejando sin financiar algunos sectores claves, por lo que tendrá que aumentar su nivel de endeudamiento público”, explicó.

Asimismo, dijo que el Congreso -al arrogarse una competencia del Gobierno- pone en peligro la calificación crediticia del Perú “debido al mayor riesgo regulatorio que representan estas medidas, como lo han advertido las agencias de rating”.

Acotó que la iniciativa también afectaría la reforma integral del sistema de pensiones. “El tesoro público no tendría los recursos para financiar un pilar solidario, especialmente para aquellas personas sin capacidad contributiva”, remarcó.

Entre tanto, Diego Macera,  economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) calificó la norma como una medida antitécnica. “Es un precedente peligroso para la institucionalidad económica en general”, enfatizó.

Sobre la ley para el ascenso automático de los profesionales de salud, advirtió que esta afecta una ruta “hacia una reforma integral y meritocrática” en dicho sector.

PERJUDICA PROGRAMAS. Por otro lado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, resaltó ayer que la ley que permite el retiro de fondos de la ONP afectará la capacidad para atender programas sociales como Pensión 65, el cual brinda un subvención económica de 250 soles bimestralmente.

“Falta cubrir a más de 45 mil personas mayores de 65 años. No lo voy a poder hacer porque, definitivamente, vamos a ver limitada la capacidad de gasto”, deploró.

Agregó que la mayoría de los aportantes al sistema nacional son por debajo de los 41 años. “Muchos de ellos, un aproximado de 1 millón 300 mil, han sido beneficiados con bonos que ha dado el Gobierno en la pandemia”, recalcó la ministra.