Mensaje contundente. El bloque opositor al Gobierno en el Parlamento negó ante el Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que esté preparando un golpe contra el presidente Pedro Castillo, tal como este afirmó ante el organismo internacional, días atrás, respecto a “un abuso del control político” y que instituciones como la Fiscalía promuevan “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
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PUNTOS SOBRE LAS ÍES. Durante su segundo día en Lima, la delegación internacional recibió ayer a representantes de distintas bancadas del Congreso como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País.
La primera bancada en ser recibida fue la fujimorista.
Al término de la reunión, Patricia Juárez, vocera de este grupo congresal, enfatizó que una de las ideas fuerza que comunicó a la delegación internacional -conformada por seis cancilleres de la región y otros exfuncionarios- fue negar la existencia de un golpe de Estado.
“Lo principal es que en el país no existe un golpe de Estado ni manifiesto ni encubierto (…). Se ha desechado toda posibilidad (de una ruptura del orden democrático)”, manifestó Juárez
Acompañada de los congresistas fujimoristas Hernando Guerra García y Alejandro Aguinaga, la vocera de Fuerza Popular detalló que le explicaron al grupo de alto nivel cómo fue el proceso para aprobar la norma que regula la cuestión de confianza y comunicaron que fue respaldada por una sentencia del Tribunal Constitucional, en febrero pasado.
También informó que les entregaron a los representantes del organismo internacional documentos que prueban la existencia de un copamiento del Estado de parte de los aliados políticos del presidente Castillo y de sus allegados.
Juárez precisó que, según información alcanzada por la Contraloría, existe un 50 % de designaciones en cargos públicos que no se sujetaron a la legalidad: es decir, no cumplieron los requisitos mínimos para ejercer los cargos asignados.
Asimismo, espera que la delegación de la OEA emita un informe “con absoluta imparcialidad en los resultados”.
“Creemos que ese es el compromiso de los cancilleres”, acotó la legisladora.
DEL MISMO LADO. Asimismo, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, negó las versiones del Ejecutivo en torno a que el Congreso esté actuando de una manera “obstruccionista” y “golpista”.
“Queremos buscarle una salida democrática e institucional (a la crisis). Hemos expuesto que consideramos injusto y arbitrario que el presidente nos acuse de golpistas, nosotros estamos dispuestos al diálogo”, subrayó Soto.
En esa línea, Soto dijo que espera que la misión internacional emita “un informe imparcial”, sobre todo luego de la información que haya recogido de las bancadas y de las autoridades que conforman el sistema de administración de justicia.
Como se sabe, el último lunes, el Grupo de Alto Nivel de la OEA se reunió con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides así como con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado.
SATISFACTORIA. Por su parte, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, calificó la cita de “satisfactoria, cordial e interesante”.
“En términos generales, se les ha explicado en qué se basa esta denuncia (constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente), los ilícitos penales que se habrían cometido y cuáles son los valores y principios que se consagran en nuestra Constitución (…). Yo creo que la verdad se está abriendo paso”, subrayó Echaíz.
En ese sentido, recordó que la misión internacional vino al Perú por pedido expreso del jefe de Estado, quien es investigado en la Fiscalía por ser el presunto líder de una organización criminal y ha podido escuchar los argumentos de los representantes del Parlamento, a modo de réplica de lo alegado por el Ejecutivo.
Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, detalló que en la cita de la bancada celeste con el Grupo de Alto Nivel de la OEA no se abordó el tema de la “vacancia” ni tampoco el proyecto de adelanto de elecciones generales.
En representación de Avanza País, la última bancada en reunirse con la delegación internacional, estuvieron Adriana Tudela (vocera); Rosselli Amuruz y Diego Bazán.
Al término de la cita, Tudela señaló que pudieron transmitir a la misión de la OEA que la labor que viene ejerciendo el Congreso contra el presidente Pedro Castillo es la de ejercer su rol constitucional en “contrapeso frente al Ejecutivo, que maneja el presupuesto y tiene el monopolio de la fuerza”.
En declaraciones a la prensa, Tudela sostuvo que “habla muy mal de las credenciales democráticas” del gobierno de Castillo que este pretenda calificar estas acciones de fiscalización “como un golpe de Estado en marcha”.
“Yo creo que la OEA debe limitarse, en su informe, a analizar si es que hay un golpe de Estado en marcha o no, y si se está respetando el orden constitucional en el Perú, que es el caso. Ni el Congreso, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni ninguna institución autónoma está complotando para realizar un golpe de Estado”, remarcó Tudela.
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HABRÍA VOTOS. En tanto, el congresista Esdras Medida, de Somos Perú, refirió que su bancada ya tiene lista una moción para suspender al presidente Castillo en sus funciones.
“Siguiendo el procedimiento para solicitar y presentar una moción, suficientes son 26 firmas y hay que preocuparse para que los que han firmado realmente lo voten. Vamos a esperar lo que sucede, pero tenemos una decisión ya planteada y decidida”, aseveró.
Más tarde, llegaron para reunirse con la delegación de la OEA los congresistas no agrupados Edward Málaga Trillo y Roberto Chiabra.
Málaga, impulsor de la tercera moción de vacancia contra Castillo que aún no se presenta en el Legislativo, informó que comentó al Grupo de Alto Nivel que resulta paradójico que Castillo, quien está “pisoteando” la separación de poderes, invoque la Carta Democrática.
Chiabra, por su parte, remarcó que el principal responsable de la crisis política y social del país es Castillo.
Cabe recordar que la presencia de la misión de la OEA en el país es consecuencia de la solicitud del presidente Pedro Castillo para activar la Carta Democrática Interamericana, pues, a su juicio, en el país existe un proceso que busca quebrantar el orden constitucional.