La sede del Poder Legislativo fue el escenario elegido por el presidente de la República, , para acometer otro papelón en su gestión: Dejar sin efecto la inmovilización social que regía para Lima y Callao.

La medida empezó a regir a la 2 de la madrugada del martes y culminaba a las 11 y 59 p.m., pero Castillo la anuló al promediar las cinco de la tarde. Faltaban siete horas. Un verdadero chasco.

“Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano”, indicó el mandatario.

Su marcha atrás obedecía a las críticas que generó la decisión calificada de inconstitucional por la totalidad de juristas y ante las protestas que se prodigaban en la ciudad.

Castillo Terrones y ministros de Estado participaron ayer en una reunión junto a la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces del para atender la crisis social que enfrenta el país.

En su intervención, Castillo Terrones aseguró que la orden de inmovilización tenía como fin resguardar la salud y la vida de los compatriotas a raíz de los últimos acontecimientos” en diversos puntos del país y no “ir contra el pueblo”. Y es que ya durante la mañana, miembros del Gabinete habían adelantado que la inmovilización se decretó ante la información de posibles saqueos y la alerta de actos vandálicos en la capital.

“Cuando se asume una medida, a la espera de la actitud y el derecho de los peruanos de manifestarse, eso no significa que, aprovechando de una movilización, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes como el bloqueo de carreteras, atentar contra la propiedad privada y pública”, dijo Castillo en alusión al paro de transportistas.

Tras su intervención, el mandatario se pidió retirarse del recinto, pese a que la actividad aún no había terminado.

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