La sede del Poder Legislativo fue el escenario elegido por el presidente de la República, Pedro Castillo, para acometer otro papelón en su gestión: Dejar sin efecto la inmovilización social que regía para Lima y Callao.
La medida empezó a regir a la 2 de la madrugada del martes y culminaba a las 11 y 59 p.m., pero Castillo la anuló al promediar las cinco de la tarde. Faltaban siete horas. Un verdadero chasco.
“Debo anunciar que a partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano”, indicó el mandatario.
Su marcha atrás obedecía a las críticas que generó la decisión calificada de inconstitucional por la totalidad de juristas y ante las protestas que se prodigaban en la ciudad.
Castillo Terrones y ministros de Estado participaron ayer en una reunión junto a la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces del Congreso para atender la crisis social que enfrenta el país.
En su intervención, Castillo Terrones aseguró que la orden de inmovilización tenía como fin resguardar la salud y la vida de los compatriotas a raíz de los últimos acontecimientos” en diversos puntos del país y no “ir contra el pueblo”. Y es que ya durante la mañana, miembros del Gabinete habían adelantado que la inmovilización se decretó ante la información de posibles saqueos y la alerta de actos vandálicos en la capital.
“Cuando se asume una medida, a la espera de la actitud y el derecho de los peruanos de manifestarse, eso no significa que, aprovechando de una movilización, nosotros como Estado avalemos algunas actitudes como el bloqueo de carreteras, atentar contra la propiedad privada y pública”, dijo Castillo en alusión al paro de transportistas.
Tras su intervención, el mandatario se pidió retirarse del recinto, pese a que la actividad aún no había terminado.
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