El caso de presunta organización criminal que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que tuvo a su cargo Marita Barreto tiene aristas que generan sospechas sobre la imparcialidad de la primera decisión judicial que se tomó: la detención y allanamiento a tres implicados.
Las sospechas apuntan al juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien dispuso el allanamiento de domicilios, oficinas y vehículos de tres exasesores de Benavides, y la detención de Jaime Villanueva Barreto, uno de los tres exfuncionarios sindicados como los “operadores” de la titular del Ministerio Público.
MIRA ESTO: Poder Judicial ordenó que Keiko Fujimori vaya a juicio por caso cocteles
El operativo, denominado “Valkiria V”, se llevó a cabo el último lunes 27. Lo que se ha conocido luego de estos hechos es que Chávez Tamariz tiene una relación conyugal con la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire Reynoso.
La funcionaria, hasta hace unos días, tenía como coordinador al suspendido fiscal Rafael Vela. Es decir, era su jefe. Como se sabe, el también exlíder del Equipo Especial Lava Jato -separado por un plazo de 8 meses y 15 días- protagoniza un enfrentamiento mediático con Benavides Vargas.
Ambos, Benavides y Vela, han brindado declaraciones críticas el uno sobre el otro en distintos espacios y ocasiones.
De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Chávez Tamariz y Taquire Reynoso comparten el mismo domicilio en un distrito limeño. Según el programa Combutters, son esposos.
TE PUEDE INTERESAR: Yesenia Ponce fue detenida en Surco: Excongresista es investigada por el presunto delito de falsedad genérica
Perspectiva
Al respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó a Correo que si existe un vínculo de carácter conyugal, entre los mencionados, ello “debería haber implicado que el juez se inhibiera de conocer ese requerimiento, pues evidentemente esto se presta a toda una serie de suspicacias”.
“(Debió inhibirse) por una cuestión de decoro procesal, de acuerdo a las normas procesales penales. La norma establece que un magistrado para evitar cualquier suspicacia, de oficio, tiene la prerrogativa de inhibirse, de no participar en esa solicitud del Ministerio Público si hay una relación de carácter familiar”, puntualizó.
Según el especialista, “lo más conveniente” era que el magistrado Chávez Tamariz adopte esa medida.
En otro momento, sostuvo que de corroborarse alguna posible irregularidad, dicho juez podría ser sometido a un control administrativo -a cargo del Poder Judicial- pues “podría haber, de por medio, una omisión grave de contenido funcional”.
TE PUEDE INTERESAR: Pedro Castillo: PJ evaluará solicitud sobre el cese de prisión preventiva por golpe de Estado
Asimismo, no descartó que estos cuestionamientos puedan ser usados por la defensa de Jaime Villanueva, así como las de los otros exasesores para sumarlo a su recurso de apelación frente a su detención preliminar de 10 días.
“Cuando se dispuso la medida de coerción, que son detención preliminar, allanamiento e incautación, el abogado de Jaime Villanueva interpuso un recurso de apelación. Entonces, esta situación (cuestionamiento) podría servir de fundamento y agregarse en la apelación. Es decir, se podría alegar que ya no solamente hay cuestiones de fondo, sino también de forma”, indicó.
