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La defensa legal del presidente Pedro Castillo estuvo muy activa ayer, a través de sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas, insistiendo en cuestionar decisiones adoptadas por el Ministerio Público contra el jefe de Estado, a quien se le atribuye ser presunto líder de una organización criminal.
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Espinoza solicitó ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión ante el Congreso, el 11 de octubre.
El letrado alegó que la Fiscalía ha incumplido el mandato judicial, expedido por el juez Checkley en junio pasado, respecto a que no se puede acusar constitucionalmente al presidente fuera de los cuatro supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución, entre los cuales no se encuentran delitos de corrupción de funcionarios.
Consideró que la Fiscalía apunta, con la denuncia, a que el Congreso expida una resolución acusatoria.
Por su parte, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán replicó que la Fiscalía solo ha presentado una denuncia constitucional, que, según explicó, es un acto previo a que se emita una acusación.
Añadió que la denuncia contra el presidente es “un acto postulatorio” del Ministerio Público como consecuencia del término de las diligencias preliminares” y que está muy alejado de la acusación.
El juez Checkley resolverá en el plazo conforme a ley.
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RECURSO. Paralelamente, el abogado Eduardo Pachas solicitó al pleno del Tribunal Constitucional que anulen el caso Petroperú, que forma parte de la denuncia constitucional contra el mandatario que presentó la Fiscalía.
Pachas sostuvo que la fiscal que estuvo a cargo del caso, Norah Córdova incurrió en vicios como allanar el despacho presidencial sin mandato judicial en diciembre del 2021 y febrero del 2022.
El TC emitirá un pronunciamiento sobre la solicitud de Eduardo Pachas en los próximos días.
