El expresidente Pedro Castillo podría pasar 32 años en el penal de Barbadillo si es hallado culpable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Así lo estimó la fiscal suprema adjunta Galinka Meza en la audiencia en la que se evaluó la solicitud del Ministerio Público (MP) para imponer 36 meses de prisión preventiva al exmandatario.

Castillo Terrones es sindicado como líder de una red criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para concertar licitaciones públicas.

El origen del pedido de prisión preventiva se remonta a investigaciones por los casos Puente Tarata-MTC, Petroperú y obras en Aguía-Ministerio de Vivienda.

Actualmente, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por el delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre.

TIEMPO

Durante la audiencia de prisión preventiva, la fiscal Galinka Meza señaló que existen más de 283 elementos de convicción en la investigación, entre ellos, las declaraciones de colaboradores eficaces, Karelim López, Yenifer y Lilia Paredes, Mariano González, entre otros.

Cuando se refirió a la prognosis de pena que le correspondería a Castillo Terrones, calculó 32 años de cárcel.

“La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50 nos permite establecer que la pena a imponerse en el caso que sea así en un supuesto, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, dijo.

En el caso del exministro Juan Silva (MTC), hoy prófugo, la Fiscalía estimó que podría recibir una condena de 24 años y ocho meses.

Mientras que el exministro Geiner Alvarado (Vivienda) recibiría una pena de 17 años y ocho meses.

Los dos exministros son investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

MOTIVOS

La fiscal afirmó en su sustentación que el expresidente Castillo no tiene arraigo domiciliario.

Explicó que tampoco tiene arraigo familiar, pues su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos están en México bajo la figura de asilo político.

“Al no tener a su familia en Perú no tendría arraigo familiar que lo sujete a un determinado lugar dentro del territorio nacional”, indicó.

También informó que Castillo no cuenta con arraigo laboral al haber sido destituido de su cargo de presidente.

“El imputado no cuenta con un vínculo laboral o actividad económica que desarrolle en el Perú, toda vez que se encuentra recluido en el centro penitenciario Barbadillo”, sostuvo.

La fiscal destacó que el exjefe de Estado intentó eludir su responsabilidad porque trató de huir, tuvo conductas dilatorias y mostró un comportamiento de obstaculización al intentar desaparecer evidencias.

El último punto tiene que ver con la orden que le habría dado Castillo a Beder Camacho, exsecretario de Palacio, para desaparecer los celulares de los edecanes y quemar los cuadernos en los que se registraban los ingresos.

Para el exministro Juan Silva, la Fiscalía destacó que se encuentra prófugo de la justicia, por lo que no tiene un arraigo domiciliario, incluso, está en la lista de los más buscados.

Por ello, tampoco tendría arraigo familiar ni laboral.

Sobre Geiner Alvarado, el MP señaló que no tendría arraigo domiciliario, pues se tienen al menos tres direcciones diferentes del exfuncionario.

El exministro no tendría arraigo familiar, porque en su declaración jurada no refirió tener hijos o personas que dependan de él.

Acerca del arraigo laboral, la Fiscalía recordó que Alvarado presentó un contrato con Constructora HT S.A.C. Sin embargo, la empresa ganó contratos con el Estado bajo el parámetro legal del cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021, aprobado en octubre de 2021, durante la gestión de Alvarado como ministro de Vivienda. “No puede tener validez”, dijo.

CONTRAPARTE

Para Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, este sí tiene arraigo domiciliario: El penal de Barbadillo ubicado en Ate. “Es el domicilio de Castillo desde el 7 de diciembre, ahí es donde lo notifican, donde viene su familia, amigos y correligionarios a verlo”, afirmó.

El letrado consideró que no puede existir el peligro de fuga del exmandatario porque se encuentra en un penal custodiado por 20 miembros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cinco policías armados y en el exterior hay varios patrulleros.

Sobre el arraigo laboral indicó que aplica para las personas en libertad y no para los reos.

Jorge Castro, abogado de Juan Silva, aseguró que este “descubrió” la organización criminal.

“El caso Puente Tarata ha iniciado con el expresidente Vizcarra, la organización venía de atrás con Zamir Villaverde y Karelim López”, dijo el abogado sin rebatir los argumentos de la Fiscalía.

Mientras que Humberto Abanto, defensa legal de Geiner Alvarado, señaló que su patrocinado sí tiene arraigo domiciliario porque ha sido notificado sin inconvenientes para participar de todas las diligencias.

Indicó que el exministro sí tiene arraigo familiar, pues tiene dos hijos.

“Si no los ha mencionado en la declaración jurada es porque son menores de edad, no tienen intereses”, precisó.

Afirmó que la empresa que contrató a Alvarado ganó procesos de selección pero con algún gobierno subnacional, por lo tanto, su patrocinado no tiene interferencias.

COMPLOT

Durante su intervención, el expresidente Castillo negó las acusaciones de los delitos cometidos en su gestión y aseguró que si ahora se encuentra preso, es porque existe un complot en su contra.

“Voy a llegar a los 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido ningún delito. El pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para detenerme dentro de las rejas, también serían parte de esta presunta organización criminal”, dijo.

El exmandatario esbozó una serie de quejas en la audiencia (ver infografía).

En otro momento, Castillo dijo estar seguro de que el premier Otárola “ya debe tener una hoja en la mano con un borrador, con la resolución para alcanzarla pidiendo mi prisión preventiva”.

Es decir, para el exmandatario, el premier tiene la resolución que ordena una nueva prisión preventiva, la misma que debe ser emitida por el Poder Judicial.

Por su parte, el exministro Alvarado aseguró haber vivido en Magdalena desde que reside en la capital.

“Yo he participado en todas las diligencias, he sido notificado personalmente, no entiendo por qué dicen que no se me puede ubicar”, añadió.

Finalmente, el juez supremo Juan Checkley citó a todas las partes mañana a las 3 de la tarde, para escuchar la lectura de la resolución de la solicitud de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y los exministros Silva y Alvarado.