El expresidente Pedro Castillo Terrones se encuentra en el penal de Barbadillo, en Ate, por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022.
Desde entonces, sus defensores han planteado una serie de recursos con la intención de liberarlo.
Precisamente, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) presentó el último viernes un proyecto de ley que tiene como objetivo amnistiar al exmandatario y a otros implicados por los hechos ocurridos aquel día.
Sin embargo, especialistas consultados por Correo coinciden en que la propuesta es a todas luces inviable.
ANÁLISIS
El constitucionalista Aníbal Quiroga explicó por qué motivo la propuesta del expremier Bellido no podría ser aprobada.
“Es absolutamente inviable porque la amnistía se produce por temas políticos y eso implicaría reconocer que lo que hizo Pedro Castillo fue un acto político y no un delito”, afirmó.
Como se recuerda, el Ministerio Público (MP) investiga al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión.
En ese sentido, advirtió que una eventual aprobación de la ley de amnistía que promueve Bellido afectaría el proceso de investigación a cargo de la Fiscalía.
“Si se aprueba, significaría que el Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden hacer nada, porque la amnistía significa olvido, perdón, entonces no hay un delito que perseguir”, precisó.
Quiroga agregó que la excarcelación de Castillo Terrones implicaría tenerlo una vez más en la escena política, posiblemente haciendo campaña o como agitador.
En el mismo sentido se pronunció Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, quien explicó que si bien el congresista Bellido tiene la facultad para presentar cualquier tipo de iniciativa de amnistía, esto no significa que pueda ser realizable.
“La amnistía es antes de que el Poder Judicial (PJ) sancione, el indulto sirve para cuando ya estás sancionado, pero el Poder Legislativo no es el PJ”, diferenció.
Rospigliosi recordó que el expresidente Castillo Terrones trató de disolver el Congreso, por lo que sería incoherente que sea ese poder del Estado el que lo libre de responsabilidad.
“Desde el punto de vista realista, no es viable. No hay antecedentes en el Perú de leyes de amnistía para quienes hayan querido disolver el Congreso”, dijo.
El experto consideró que la presentación del proyecto de ley es un pésimo mensaje a la democracia.
Ambos especialistas coincidieron en que el proyecto de amnistía no pasará de la Comisión de Justicia, de hacerlo, no prosperará en el pleno porque se necesitarían al menos 66 votos.
ARGUMENTOS
¿Qué dice la ley que presentó el legislador Bellido? La propuesta se resume en conceder la amnistía para todos los que participaron en la redacción y/o lectura del documento del mensaje a la nación del 7 de diciembre.
“El PJ y el Poder Ejecutivo anularán los antecedentes policiales, judiciales o penales, que pudieran haberse registrado contra los amnistiados por esta ley, así como dejar sin efecto cualquier medida cautelar de carácter personal o real, y todo monto por concepto de reparación civil que pese sobre las personas comprendidas”, se lee en el texto.
Es así que la norma precisa que el PJ procederá, de manera inmediata, con la excarcelación de los amnistiados que se encuentren para prisión.
Para que su propuesta tenga fuerza, el congresista Bellido intentó minimizar el golpe del 7 de diciembre.
“Por qué se negaría la aplicación de este instrumento (amnistía) por la simple lectura de un documento que no tuvo como efecto la violación o vulneración de algún derecho fundamental”, explicó.
Un dato no menor es que Bellido sostiene que el mensaje que dio Castillo fue consecuencia de una serie de factores: La cifra de desaprobación del Congreso, la creciente polarización en el país, los ataques entre ambos poderes del Estado y la participación de la prensa.
Es decir, reconoce el golpe de Estado, posición contraria a la que han dado los abogados del expresidente en los últimos días, al asegurar que Castillo fue amenazado de muerte.
Incluso, Bellido aseguró que tras la detención del expresidente Castillo se realizaron masivas manifestaciones que exigían su liberación y restitución.
También sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en su informe sobre la convulsión social que vivió el Perú.
Sin embargo, el izquierdista omitió mencionar que en el documento, la CIDH condenó el rompimiento del orden constitucional que hizo Pedro Castillo.
Finalmente, trata de justificar la amnistía como una especie de promoción de “reconciliación” y restablecimiento de la paz social.
“Una sociedad fragmentada y dividida, en la que prevalecen el odio, el rencor y la polarización, no puede avanzar ni alcanzar los fines y objetivos necesarios para el desarrollo y progreso del país. En un contexto como este, es fundamental buscar mecanismos que permitan superar las divisiones y construir una sociedad cohesionada y unida”, agregó.
ANTECEDENTE
En el Perú, el número de amnistías otorgadas por el Parlamento no han sido muchas. Sin embargo, una de las más recordadas implica a un expresidente: Ollanta Humala Tasso.
Ollanta comandaba el batallón de artillería antiaérea de la localidad de Locumba, en el departamento de Moquegua, cuando se rebeló contra el régimen del expresidente Alberto Fujimori.
Por ese motivo estuvo preso en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao.
Sin embargo, desde el Parlamento se discutía la posibilidad de otorgarle una amnistía.
Fue así que el 21 de diciembre del 2000, el Congreso aprobó con 44 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, otorgarle la amnistía por los hechos.
La ley no solo le otorgó la amnistía a él, sino también al personal militar y civil que participó en el levantamiento del 29 de octubre del 2000, además, los restituyó en sus respectivos cargos.
El documento fue firmado por el entonces presidente Valentín Paniagua y el ministro de Justicia Diego Sayán. Se publicó el 21 de diciembre de ese año.
