(Foto: Presidencia)
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Pese a que el presidente de la República, Pedro Castillo, se mostró a favor de la continuidad del personal de salud contratado bajo la modalidad de CAS-COVID, el Poder Ejecutivo observó la autógrafa de ley que pasaba a los profesionales al CAS regular. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos?

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“No cuenta con un análisis de los costos, ni la evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios en los pliegos involucrados, que puedan ser destinados a su aplicación en el presente año, como para los años subsiguientes”, se indica en el documento enviado por el Ejecutivo al Parlamento.

Asimismo, se detalla que, de acuerdo al Decreto de Urgencia 018-2022, el presupuesto transferido para los contratos denominados CAS-COVID, solo cuentan con financiamiento hasta el 31 de julio del 2022.

“No existe fecha a la fecha proyecciones de gastos adicionales para la sostenibilidad de este tipo de contratación y su “cambio” a la modalidad de CAS regular. De manera que contrario a lo indicado en el artículo bajo su análisis, su financiamiento sí generaría mayores gastos no presupuestados”, se explica.

En otra parte de la observación, se indica que, en el ordenamiento jurídico, no se ha establecido una escala remunerativa que defina el sueldo para los trabajadores CAS, por lo que ese extremo de la autógrafa de ley “no resulta coherente con el ordenamiento jurídico y generaría confusión en los operadores al momento de su implementación”.

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“Debe tenerse en cuenta que, independientemente del régimen laboral de contratación, el acceso al servicio civil se realiza por concurso público de méritos en un régimen de igualdad de oportunidades de acuerdo con los principios de mérito y la capacidad de las personas, con excepción de los puestos de confianza”, se acota.

Cabe destacar que la presidenta del Congreso, Lady Camones, convocó a un Pleno Extraordinario para este sábado 30 de julio a fin de que dicha ley se apruebe por insistencia. La sesión iniciará a las 10 y 30 de la mañana.

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