El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió este martes con dirigentes de mineros informales que exigen al Gobierno retirar decretos supremos y proyectos de ley que consideran perjudiciales para su formalización, además de la salida de la ministra de Energía y Minas.
Luego de reunirse con los dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemín Perú), el mandatario se dirigió ante cientos de mineros presentes en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.
“Estas normas y estos decretos que son lesivos a nuestros hermanos deben corregirse instalando una mesa técnica a partir de hoy, porque creemos importantes que ustedes y sus representantes deben ser escuchados para mejorar sus reivindicaciones”, aseguró ante los mineros informales.
Castillo Terrones también se refirió a los pedidos para retirar del cargo a la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera.
“Si ha habido errores normativos, habrá que corregirlos inmediatamente. Es importante que sepan que nuestros ministros siempre están en constante evaluación porque los ministerios se deben al pueblo, al país. Es un cargo de confianza y esa confianza se tiene que demostrar”, replicó.
El mandatario aseguró que, en la mesa de trabajo y ante los dirigentes, tendrán ellos la capacidad de revisar los avances para que finalmente se pueda dar luz verde a su proceso de formalización.
Piden salida de ministra
Previamente, tomaron la palabra el presidente de la Confemín Perú, Máximo Adolfo Franco, quien pidió explícitamente la salida de la ministra Herrera.
“Hemos hecho una alianza con el Gobierno para seguir adelante en nuestra formalización. Esos decretos tienen que derogarse. La ministra tiene que salir de su cargo, señor presidente. Tiene que salir”, exhortó.
Luego, el asesor de la Confemín, Adolfo Valverde, precisó que su pedido es para anular los decretos supremos 01-2020 y 08-2022, así como el proyecto de ley 2733 presentado el 28 de julio último.
“Los operadores del Ministerio de Energía y Minas lo que han hecho es formular normas lesivas al proceso de formalización [...] Consideramos que es un decreto legislativos que apunta finalmente a dar un arma legal a la Policía, a la fiscalía, al Poder Judicial para llevar una persecución penal contra los mineros en proceso de formalización”, aseveró.