La precipitada salida de José Vizcarra como , debido a que no favoreció a un coronel para ascenderlo a general, ha salpicado al presidente de la República,, quien habría buscado beneficiar al militar Ciro Bocanegra, hijo del mejor amigo del mandatario y asesor en Palacio de Gobierno. Esta situación tendría consecuencias políticas y penales, según los especialistas a los que consultamos.

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Cabe destacar que Vizcarra reveló hoy que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, le dijo que “todo se puede hacer si se quiere” en relación a beneficiar a militares allegados al Gobierno.

“Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y (el presidente ), después de sugerirme de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas”, sostuvo el en diálogo con RPP.

Sobre este hecho, el penalista César Nakazaki señaló que un jefe de Estado no comete delitos durante su mandato, según estipula el artículo 128 y 129 de la Constitución, excepto algunos puntuales pero que, en este caso, no ameritan.

“Un presidente no responde penalmente por este tipo de hecho. Acá hay bastante responsabilidad política del y, eventualmente penal, que se verá en el camino”, señaló a Correo el letrado.

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Para Nakazaki, se podría presentar una denuncia por infracción constitucional contra el mandatario, sin embargo, cree que primero debe tipificarse las infracciones.

“Mientras no se cumpla con tipificar en qué consiste y en cuántos años es difícil que tenga éxito (...) el camino, en este caso, está en la interpelación y quizás se llegue a una censura al ministro de Defensa”, explicó.

Para el penalista Andy Carrión, implicar al presidente Pedro Castillo con un delito es bien complejo, debido a que no se ha consumado el supuesto ascenso del militar allegado al mandatario.

Empero, considera que, respecto a la actuación del jefe de Estado sobre las atribuciones de cambiar a los comandantes generales, habría existido un posible delito de abuso de autoridad

“El delito nos dice que el funcionario abusa de sus atribuciones y comete un acto arbitrario. En este caso, el perjuicio es para los miembros de las que acaban de salir por presiones para un ascenso”, sostuvo.

Desde su óptica, es muy difícil que el Ministerio Público habrá una investigación y que el caso debería verse como parte del control político del Congreso de la República.

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Una opinión diferente tiene el penalista Felipe Salas, quien dijo que Castillo podrían configurarse los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

“Además, dado que han participado un conjunto de personas, tales como el presidente de la República, el ministro de Defensa, el secretario general de Palacio y los coróneles recomendados, entonces, existiría un concierto para la comisión de dichos delitos, por lo que se presentaría el delito de asociación ilícita para delinquir”, señaló.

Su colega César Aliaga, abogado y especialista parlamentario, dijo que hay normas que regulan el proceso de ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas y toda actuación contraria a estas pautas sería ilegal.

“En el plano político se habrían afectado los principios constitucionales de buena administración, meritocracia en la carrera pública, transparencia y proscripción de la corrupción. Como mínimo ameritaría la censura del ministro de Defensa”, sostuvo.

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