No serían pocas las graves consecuencias que afrontaría el país ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez. El candidato presidencial de Juntos por el Perú enarbola no solo ideas de izquierda semejantes a las de Pedro Castillo, sentenciado expresidente, en la campaña del 2021. También apuesta por replicar el mandato del exdignatario que culminó con cifras deplorables en materia económica, pobreza e inflación.
Inestabilidad
Al asumir el cargo en julio del 2021, Castillo encontró al país en vías de recuperación tras la crisis sanitaria del COVID-19. En el primer trimestre del año, el PBI ya casi había regresado a su nivel prepandemia. La reactivación de la inversión privada y pública, junto al alza en el precio del cobre y otros, así como un mayor consumo, constituían un potencial de mejora.
La situación, sin embargo, se agravaría con la inestabilidad política ocasionada por el gobierno. A solo cuatro meses de iniciar su gestión, el entonces jefe de Estado protagonizó su primer escándalo periodístico. El caso Sarratea, llamado así por una vivienda ubicada en dicho pasaje en el distrito de Breña, expuso un despacho presidencial clandestino y paralelo al de Palacio de Gobierno.
No solo Castillo fue fotografiado ingresando a dicho lugar, en un intento por pasar desapercibido, sino también a congresistas de Perú Libre, entonces la bancada oficialista, y otros personajes.
Negociaciones políticas y de otra índole se hicieron evidentes. Más cuestionamientos por llamativas designaciones en puestos públicos y de confianza, licitaciones fraudulentas y otros suman hoy a 98 investigados.
Castillo es investigado actualmente en un megaproceso por presunta organización criminal y otros. Según la Fiscalía, son 98 los investigados: 3 altos funcionarios y otras 95 personas naturales. De este grupo, 16 forman parte del caso Petroperú; 13 del caso Puente Tarata; 24 del caso Los asesores en la sombra; y 42 del caso Anguía.
En este último, además, están incluidos los familiares del exdignatario: su esposa y hoy asilada política en México, Lilia Paredes; y sus cuñados Walter, David y Yenifer Paredes, virtual diputada de Juntos por el Perú. Todos sindicados de irregularidades en el marco de licitaciones en Anguía, Chota, Cajamarca, zona de la que proviene el hoy sentenciado exmandatario.
Los destapes de presunta corrupción estuvieron acompañados de desacertadas elecciones políticas. Entre el 21 julio del 2021 y el 7 diciembre del 2022, el Perú acumuló a 5 primeros ministros y 78 ministros de Estado. La alta rotación de funcionarios clave en el funcionamiento de estrategias públicas frenó muchas de ellas, principalmente, en materia de seguridad ciudadana.
A esto contribuyó las interferencias políticas en la Policía Nacional, según postularía la Fiscalía tiempo después. El entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, denunció que Castillo, su secretario general Bruno Pacheco y el ministro Walter Ayala (Defensa) ejercieron presiones para que oficiales sin los méritos suficientes fuesen ascendidos.
“El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario estaba incómodo”, contó en aquel momento.
En rojo
Durante los 17 meses del gobierno castillista, el Perú perdió en crecimiento económico un total de S/11,021 millones (2.888 millones de dólares), según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX).
Ello equivale a la construcción de 525 colegios, casi 21 por región; 88 hospitales, cerca de 4 por región; habilitar 3,674 comisarías, 147 por región; o el pavimentado de 2,863 kilómetros de carreteras, una distancia superior a los 2,490 km. que separan a Tumbes de Tacna.
De otro lado, el 2022 reportó apenas un crecimiento del 2,7% del PBI. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) concluyó que por primera vez en 18 años, haciendo a un lado los efectos de la pandemia del COVID-19 u otros factores externos, el Perú se ubicó por debajo de la mayoría de países de la región.
Más consecuencias
Castillo, quien alguna vez llevó como lema de campaña “No más pobres en un país rico”, cerró su gestión con 9 millones 184 mil personas en estado de pobreza: 628,000 peruanos más en comparación al año anterior.
A nivel nacional, la pobreza monetaria afectó al 27,5% de la ciudadanía. Esto es, 1.6% más que el 2021 (25,9%) y, aún más alarmante, 7.3% más en comparación al 2019. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Los más afectados fueron los connacionales del área rural, en el que 41,1% se vio perjudicado. En el área urbana, mientras tanto, el perjuicio llegó al 24.1%.
Además, cinco regiones presentaron un nivel de pobreza superior al 40% al cierre del 2022: Cajamarca –de la que Castillo es oriundo y en el que Sánchez obtuvo su mayor número de votos–, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco.
“Entre el 30% y 40% se encuentran Loreto, Huancavelica, la Provincia Constitucional del Callao y Piura. Entre 20% y 30%, La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Lima provincias, Ucayali, Cusco, Junín y Áncash. En cambio, se reportó menor incidencia de pobreza en Ica, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa y Lambayeque”, informó el INEI.
De otro lado, la inflación en el Perú al término del 2022 cerró en 8.46% a nivel de Lima Metropolitana y en 8.56% a nivel nacional. Esta cifra marcó la tasa más alta registrada en los últimos 26 años.
Un año antes, el país había sufrido la mayor fuga de capitales de los últimos cincuenta años. El presidente del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, informó que al cierre de dicho año salieron del país fondos equivalentes al 7,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), “un poco más de 15,000 millones” de dólares.
Perspectiva
El jefe de Estudios Económicos del IPE, Martín Valencia, fue contundente al evaluar el pasado gobierno. “Lo principal para decir es que la inversión privada durante el periodo de Castillo creció aproximadamente 0%. El crecimiento fue nulo y estancado”, puntualizó en diálogo con Correo.
El economista indicó que “las cifras de inversión privada que se evaluarían para su gestión vienen a partir del cuarto trimestre del 2021, es decir, de octubre”. Y, en esa línea, en “ese cuarto trimestre 2021, la inversión privada solo creció 1.3%”.
“En los siguientes trimestres creció 1%, 1.5%, 0% y en su último trimestre cayó 2.5%. Y luego, como hay una inercia, la inversión privada luego cae 6% en el año 2023. Esto se le puede atribuir directamente a Castillo, pero se puede decir que venía con una desaceleración”, agregó.
Finalmente, remarcó “que la inversión privada con Castillo se estancó luego de una importante recuperación a inicios del 2021”.
