Penalista de larga data, autor del libro “Prisión Preventiva” y “Violaciones del debido proceso”, el doctor Mario Amoretti Pachas examina el fallo del juez Raúl Justiniano Romero, que rechazó el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra Lilia Paredes y sus dos hermanos.
¿Le parece incuestionable el fallo del juez Raúl Justiniano?
Para mí , no. No es procedente que no haya accedido a la prisión preventiva. Considero que la Fiscalía debe apelar para que, en su momento, la Sala de Apelaciones tome una decisión en última instancia al respecto. Considero que sí procedía la prisión preventiva puesto que la señora Paredes salió del país bajo el argumento de persecución política. Y aquí no hay persecución política. Lo que hay es la comisión de delitos comunes.
¿La señora acreditó su arraigo domiciario y familiar?.
Sí, pero ella se asiló en la Embajada de México. Ahora se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, el arraigo domiciliario no se cumple; y el peligro de fuga ya es real desde el momento en que ya se le iba a solicitar una prisión preventiva y ella pidió el asilo a México, manifestando que era una cuestión política. Lo más delicado, en mi opinión, es que le dieron el asilo como si se tratase de una cuestión política cuando, en realidad, se trata de hechos delictivos comunes, como es el lavado de activos.
¿Se puede calificar técnicamente de fuga?
Para otros casos menos graves se ha dictado la prisión preventiva. Y aquí hay los indicios razonables de la comisión de hechos delictivos y, sobre todo, el mismo hecho de que ella se fugara bajo el pretexto de asilo político.
¿Ve usted indicios de alguna inclinación indebida del juez Justiniano por la familia de Castillo?
En estos casos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la que debe intervenir. Si hay una situación recurrente de parte del juez, de favorecer a la familia del ex presidente, no ofrece ninguna garantía de imparcialidad. Tengo esa impresión. Vemos cómo vienen actuando algunos jueces y la JNJ ni la OCMA hacen nada al respecto.
Y no solamente en este caso. Por desgracia hay un silencio de parte de Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de la Junta Nacional de Justicia.
