María Caruajulca llegó a la sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), acompañada de agentes de la Policía, con la esperanza de regresar a su cargo. Sin embargo, no logró su objetivo.
La abogada esperaba que se cumpla la decisión del Poder Judicial (PJ) que ordenó su reposición como procuradora general del Estado.
DETALLES
Ayer por la mañana se conoció que María Caruajulca envió una carta notarial al procurador Javier Pacheco, quien actualmente ocupa su cargo.
En el documento pidió que a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo de 2024 “se abstenga de realizar cualquier acción única, exclusiva y excluyente competente al procurador general del Estado”.
Más tarde, la abogado subió hasta el piso 8 de la PGE, en ese lugar se encuentra la que era su oficina, pero no le permitieron ingresar.
Tras salir del edificio adelantó a la prensa que tomará su cargo por grado o fuerza.
“No me dan los motivos, pero es una pena porque con eso están demostrando su voluntad de que no quieren cumplir el mandato judicial”, afirmó.
Además, explicó que fue cesada del cargo de manera ilegal bajo el concepto de “pérdida de confianza”, a pesar de que las normas de la PGE precisan que un procurador no puede ser cesado del cargo por ese motivo.
Advirtió que la demora en su reposición puede traer consecuencias.
“Todos los mandatos judiciales se deben cumplir pero cuando es un mandato que viene de un órgano constitucional, en caso de incumplimiento hay sanciones más severas, inclusive de detención”, agregó.
Posteriormente se acercó a una comisaría del distrito de San Isidro para interponer una denuncia y dejar constancia de los hechos.
PEDIDO
Al respecto, el Estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Justicia (Minjus) y la PGE, envió un oficio a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima en el que advierte que la medida que ordenó la reposición de Caruajulca ha generado una controversia jurídica que afecta la institucionalidad, porque Javier Pacheco ocupa el cargo.
“Se advierte que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual coadyuvaría con su ejecutabilidad”, se lee en un comunicado.
Así, la PCM, el Minjus y la PGE esperan el pronunciamiento del órgano jurisdiccional del PJ sobre el conflicto.
“El Estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del PJ en el ejercicio regular de sus funciones y competencias”, concluye el pronunciamiento.
