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El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga dictó 30 meses de prisión preventiva para Salatiel Marrufo Alcántara, Biberto Castillo León y Abel Cabrera Fernández, investigados por el Ministerio Público por ser presuntos miembros del Gabinete en la Sombra, el grupo de asesores que habría tomado decisiones supliendo las funciones del presidente Pedro Castillo.
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Zúñiga tomó esta decisión después de cinco horas de lectura de resolución respecto al pedido de prisión preventiva planteado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder para los citados imputados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
El magistrado declaró fundado en parte la solicitud fiscal, pues solo dictó 30 meses, mientras que la Fiscalía había solicitado 36 meses.
Con todo, el juez Víctor Zúñiga estimó necesaria, idónea y proporcional la imposición de esta medida restrictiva, al cumplirse los tres presupuestos necesarios de acuerdo a ley: existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los delitos imputados; que el pronóstico de pena sea superior a cuatro años de prisión; y que haya peligro de fuga u obstaculización de la justicia.
Salatiel Marrufo Alcántara, Biberto Castillo León y Abel Cabrera Fernández permanecían detenidos en sede policial, en atención a que venían cumpliendo el mandato judicial de detención preliminar por 10 días, que fue confirmado en las dos instancias del Poder Judicial.
Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá clasificar en qué penal cumplirán los tres investigados la medida de prisión preventiva.
En tanto, sus abogados apelaron a la medida, que será revisada por un tribunal superior en una audiencia pública.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los exasesores de Pedro Castillo se enfrentan a posibles penas mínimas de 12 y 19 años de prisión si llegan a ser condenados por los delitos que les atribuyen.
Según las pesquisas del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, el denominado Gabinete en la Sombra habría planificado el direccionamiento de 34 proyectos de obras públicas, que fueron incluidas en el decreto de urgencia N.º 102-2021-VIVIENDA. De esta manera, se habría generado un perjuicio económico al Estado por S/ 130 millones, de acuerdo a lo sostenido por la fiscalía en audiencia el último sábado.
Salatiel Marrufo fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, cuando era encabezado por Geiner Alvarado, quien cumple 36 meses de impedimento de salida del país por la presunta entrega de obras públicas en forma irregular a allegados del presidente Pedro Castillo.
Biberto Castillo fue parte del gabinete de asesores del mandatario, como consultor de la Secretaria General del Despacho Presidencial.
El 31 de enero pasado, Carlos Jaico, entonces secretario General de Palacio, envió un memorando notificando el final de la contratación de Castillo León.
En la audiencia de ayer, el juez Víctor Zúñiga dio lectura al testimonio de un colaborador eficaz que sindicó a Biberto Castillo ejercer su presunta influencia para designar a Vicente Tiburcio y José Vera Llerena como jefes de la Policía bajo ciertas condiciones como no capturar a los sobrinos de Pedro Castillo ni Bruno Pacheco.
En tanto, Abel Cabrera habría ejercido sus influencias para elegir a Geiner Alvarado como titular de Vivienda, según señaló otro colaborador eficaz.
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PENDIENTE. Vale recordar que la fiscalía también había solicitado prisión preventiva para Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de jirón Sarratea (el presunto búnker clandestino donde el presidente Pedro Castillo se reunía con su entorno al inicio de su gestión, en vez de Palacio de Gobierno), sin embargo el juez Víctor Zúñiga dispuso que se vea en sesión próxima su situación jurídica.
A diferencia de Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera, Alejandro Sánchez no se entregó a la justicia cuando el Poder Judicial dictó en su contra la detención preliminar, medida que se ejecutó el 11 de octubre.
De momento, nadie sabe dónde está Sánchez Sánchez ni el Ministerio del Interior ha dispuesto incluirlo en el programa de recompensas para dar con su paradero.
De hecho, la comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Héctor Ventura, solicitó al ministro Huerta que incluya a Alejandro Sánchez en la lista de los más buscados.
DOCUMENTO
En la formalización de la investigación preparatoria por el caso “Gabinete en la sombra”, la Fiscalía ha incluido a 20 investigados, entre los que se encuentra José Nenil Medina, exalcalde de Anguía quien cumple 30 meses de prisión preventiva.
Nenil Medina es sindicado como el presunto lugarteniente y operador de la organización criminal, que lideraría el jefe de Estado, dedicada a la adjudicación irregular de obras públicas a alcaldes allegados al entorno presidencial.
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