El partido político Juntos por el Perú (JP), cuyo candidato Roberto Sánchez (12%) disputa el segundo lugar de las elecciones generales al 93.474% de actas contabilizadas, lleva en su plan de gobierno más de una cuestionable propuesta.
La organización que no ha tenido reparos en sumar al etnocaerista Antauro Humala, quien purgó prisión por el “Andahuaylazo” (homicidio, secuestro y otros), propone una nueva Constitución y una mayor, o casi total, intervención estatal.
PANFLETARIO
No son pocas las iniciativas de JP que suponen un retroceso. Las principales están relacionadas al capítulo económico. El plan de gobierno, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propone “revisar y cambiar” hasta cinco artículos constitucionales. Entre ellos, el que limita al Estado a incursionar en la “actividad empresarial, directa o indirecta” (art. 60).
“Se eliminará en la Nueva Constitución el aval a los contratos Ley y los regímenes tributarios y laborales”, agrega. A ello, se suma la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los “contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, hidrocarburos, entre otros”.
Por otro lado, plantea un “sistema tributario progresivo que elimine privilegios y reduzca la evasión (de impuestos)”, así como “la aplicación del pago de impuestos a las sobreganancias”.
Por si fuera poco, sugiere un “control de precios” y la “prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales”.
En este último sector, también se establecerá que el “100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado” y que la “reducción del tiempo de las concesiones (mineras pase) de 30 a 5 años”. En síntesis, se ofreció al electorado un “mayor poder del Estado regulador”.
Sin embargo, una de las propuestas más polémicas es la creación del “Poder Popular” como un nuevo poder del Estado, “organizado desde formas básicas de participación ciudadana para la toma de decisiones”.
Es decir, un calco y copia de la dictadura chavista. El Estado, así, toma decisiones inconstitucionales bajo el concepto de que emanan del “poder popular”.
RETROCEDE
Una mención aparte merece la posición que ha tenido JP sobre el Banco Central de la Reserva (BCR) y su actual titular, Julio Velarde.
Sánchez apuntó contra el funcionario semanas atrás: “Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros, en nuestro primer día de gobierno, lo vamos a echar (…). Debemos cambiar el capítulo económico de la Constitución”.
Ayer, sin embargo, cambió de opinión en un intento por moderar su discurso ante una eventual segunda vuelta. Durante una conferencia de prensa, señaló que “hemos oído que está dispuesto a la conversación. (…) Nosotros estamos en la capacidad también de visitarlo y conversar con él, tomar un buen café y dialogar nuestros puntos de desencuentro”, aseveró.
