"Plan Regulador de Rutas no tiene valor"

Frente al problema de la presunta estafa del Plan Regulador de Rutas (PRR), aparece un nuevo indicio que podría pintar como inválido un proyecto que le ha costado "mucho esmero" a la municipalidad de Piura.

Esta vez es el ingeniero Wilmar Elera García quien opinó sobre el controversial PRR, señalando que de acuerdo a la página web del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) el exjefe de este proyecto, Bartolomé Cuya Conde, no es un ingeniero colegiado.

Con ello, Wilmar Elera considera que los funcionarios de la comuna piurana han incurrido en una grave negligencia al contratar a una persona que no tiene el respaldo del CIP para realizar un proyecto de envergadura.

"El estatuto del Colegio de Ingenieros indica que la ingeniería es ejercida solo por ingenieros titulados y habilitados. Y si este señor no tiene un respaldo de un título universitario, y si no está colegiado, el plan regulador que él (Bartolomé Cuya) ha ejecutado no tiene ningún valor legal", argumentó el ingeniero Elera.

NO FIRMÓ EL PROYECTO. Respecto a que Cuya Conde no haya firmado el proyecto final (tal como lo señaló él mismo en conferencia hace tres días), Elera García sostuvo que esto se debería a que, precisamente, no podía hacerlo como ingeniero, pues no estaba colegiado.

"Pudo haber firmado el proyecto como un ciudadano más pero no como técnico, dado que en la Administración Pública si no eres colegiado, no tienes ningún valor en la firma. Por eso es que seguro no firmó el proyecto del PRR", dijo.

Agregó que, ahora, la municipalidad tiene que asumir su responsabilidad al no haber solicitado el certificado de habilidad del CIP del que iba a ser el jefe del proyecto, para que así pueda tomar parte del contrato que ejecutó el PRR.

"Yo considero que ha habido una negligencia y que el producto (el proyecto) que están entregando es un producto que no tiene valor", finalizó.

SU ACUSACIÓN. Además, el también past decano del CIP precisó que su intervención responde a que los miembros están en la obligación de denunciar actos contrarios a la profesión ante los órganos deontológicos del colegio de ingenieros.