El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la expresidenta Dina Boluarte contra el Congreso de la República, con la que busca anular la vacancia por permanente incapacidad moral aprobada en su contra y ser repuesta en el cargo.
De acuerdo con la resolución de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima, el tribunal no solo admitió la demanda, sino que además programó la audiencia única para el 12 de marzo de 2026 y otorgó al Parlamento un plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda, contados desde la notificación de la resolución.
Boluarte alega vulneración de derechos fundamentales
La exmandataria presentó el recurso de amparo al considerar que, durante el trámite de las mociones de vacancia, se vulneraron sus derechos fundamentales, ya que estas fueron presentadas, admitidas y aprobadas en un lapso menor a 24 horas, sin permitirle ejercer adecuadamente su derecho de defensa, según sostiene.
En su demanda, Boluarte cuestiona la aplicación de la causal de permanente incapacidad moral, argumentando que no se precisó en qué consistía dicha imputación ni se sustentó con elementos objetivos.
No existen plazos para una eventual reposición
Si bien la Sala Constitucional podrá emitir una sentencia de primera instancia tras la audiencia de marzo de 2026, un eventual fallo favorable no implicaría el retorno inmediato de Dina Boluarte a la Presidencia de la República.
Ello debido a que el Congreso modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional mediante la Ley N.° 32153, la cual establece que no procede la ejecución inmediata ni la medida cautelar en procesos de amparo contra decisiones parlamentarias.
En consecuencia, cualquier sentencia que anule la vacancia solo podría ejecutarse cuando lo disponga la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, instancia que deberá resolver una eventual apelación.
Periodo constitucional ya habría culminado
Debido a la alta carga procesal en la Corte Suprema, una resolución definitiva podría tardar alrededor de un año, lo que implicaría que el periodo constitucional 2021-2026 ya habría culminado cuando exista una decisión final.
Ante ese escenario, la defensa de Boluarte solicitó que, si la sentencia se emite luego del fin del mandato presidencial, se declare nula la calificación de “permanente incapacidad moral”, al considerar que esta afectó su honor y reputación.
Según se señala en la demanda, la exmandataria fue expuesta ante la opinión pública como una funcionaria vacada sin que se demostraran actos que justifiquen dicha causal, ni que exista una investigación que respalde la decisión del Congreso.
