Keiko Fujimori durante su acreditación en el inicio de su juicio por el Caso Cocteles. Foto: Poder Judicial
Keiko Fujimori durante su acreditación en el inicio de su juicio por el Caso Cocteles. Foto: Poder Judicial

El “Caso Cocteles”, uno de los procesos judiciales más emblemáticos en Perú, sufrió otro serio tropezón que debilita la acción probatoria del fiscal José Domingo Pérez.

Ayer, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso dejar sin efecto el auto que cita a juicio oral, y los actos procesales por delito de obstrucción a la justicia a favor de Keiko Fujimori y otros 16 procesados en el “Caso Cocteles”

La exclusión por obstrucción a la justicia implica que, de los cinco delitos que la Fiscaía les atribuye, quedan en pie los más relevantes: lavado de activos y organización criminal; además de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional fue emitido luego que el Tribunal Constitucional declarase fundado el amparo interpuesto por el abogado Arsenio Oré Guardia para ser excluido del delito de obstrucción a la justicia.

En dicho fallo, el TC señaló que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, afectó la objetividad que un integrante del Ministerio Público debe respetar. El TC anuló las resoluciones y decisiones que odoptó Domingo Pérez desde el 2018 la fecha en el tema de obstrucción a la justicia.

EXCLUIDOS.

Entre los excluidos figura Giulliana Loza, abogada de Fujimori; Vicente Silva Checa, Pierre Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Klimper, Adriana Tarazona, e Ítalo Pachas. También el partido político Fuerza Popular, así como otros cuatro abogados.

En opinión del abogado penalista Andy Carrión, el “Caso Cocteles” queda debilitada por responsabilidad de los fiscales José Pérez y Rafael Vela Barba, pero también por acción del Congreso de la República a través ciertas normas la prohibición de investigar a los partidos políticos.

“Este debilitamiento que ha otorgado el TC se va a ver también reflejado en la propia acción probatoria y en las

dificultades que va a tener la Fiscalía para probar cada uno de los delitos”, acotó el penalista.