El Poder Judicial decidió levantar las restricciones contra Enma Benavides tras aplicar la Ley 32130, promulgada por el Congreso, según información del diario El Comercio.
Como se recuerda, Benavides venía afrontando un proceso por presunta corrupción bajo comparecencia restringida, además, con el mandato de no poder ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y haber pagado una caución de S/35 mil.
Asimismo, se le había impuesto una orden de impedimento de salida del país, sin embargo, venció en febrero del 2023.
Con dicha decisión, Benavides queda expedita para desplazarse por cualquier lugar y salir del país sin ninguna restricción, al quedar solo bajo comparecencia simple.
El Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Saúl Peña Farfán, levantó la medida a pedido de Enma Benavides y su defensa legal, Elio Riera.
“Solicitó la caducidad de la vigencia de la medida de comparecencia con restricciones por vencimiento de plazo, en aplicación estricto al principio de legalidad refrendado por la Ley n.° 32130 (…) por lo que desde la imposición de la comparecencia con restricciones a la fecha esta supera el límite legal, según lo establece el artículo 272° del CPP”, se lee en el documento que tuvo acceso El Comercio.
Por su lado, la fiscalía consideró que no debía aplicarse la Ley 32130 y solicitó que se realice una interpretación conforme a la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Tras analizar el caso, el juez Peña Farfán indicó que la modificatoria del CPP, la Ley 32130 establece que los plazos tienen que aplicarse en función del artículo 272 del CPP: “1. Que la prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses. 2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho (18) meses. 3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses”.
Por otro lado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aumentó de cinco a ocho meses el plazo para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones complementarias contra Enma Benavides por los presuntos delitos de corrupción.
Como se recuerda, la exjueza es investigada junto a otras tres personas por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
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