Una nueva polémica se instaló ayer alrededor del nombre de Alberto Fujimori. Y es que sin la revisión de la Mesa Directiva, el Congreso declaró procedente otorgar al condenado expresidente una pensión vitalicia de 15,600 soles al mes, en virtud a la Ley 26519, promulgada en el fujimorato.
La cuestionada decisión no fue aprobada por la alta dirección del Parlamento, como se acostumbra en estos casos, sino por la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, tras una petición formulada por el abogado de Fujimori.
En el acta -a la que accedió Correo- la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, Haidy Figueroa Valdez, militante de Alianza para el Progreso (APP), fue quien dio el visto bueno a la petición luego de argumentar que el pedido fue evaluado a nivel administrativo.
“En consecuencia, y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud sobre pensión para expresidentes constitucionales resultaría procedente (en el caso de Fujimori)”, se lee en el documento.
Lo que se esperaba era que la Mesa Directiva del Congreso se encargue -como corresponde- del asunto y asuma la responsabilidad de dicho otorgamiento pero se lavó las manos.
no es con él. Cuando fue consultado al respecto, el flamante presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), sacó cuerpo y lanzó a los lobos a los funcionarios administrativos al indicar que ya se evaluó el caso.
En entrevista con RPP, aseguró que ya no era necesario que el asunto sea evaluado por la Mesa Directiva y argumentó que, al igual que en anteriores casos, son las instancias “administrativas las que resuelven esto”.
“(¿Lo evaluará la Mesa Directiva?) En los antecedentes sobre otras solicitudes de otra naturaleza, son las instancias administrativas las que resuelven esto, por tratarse de un derecho pensionario, que se trata de un derecho constitucional”, señaló inexplicablemente Salhuana.
Agregó que transcurridos varios meses del pedido legal, en junio las áreas especializadas del Congreso emitieron una opinión favorable sobre dicha pensión.
Específicamente, añadió, el Congreso notificó mediante un documento al exdictador de que su pedido de pensión es procedente.
“Eso ha quedado expedito para el pago de la pensión”, refirió.
Luego reafirmó que la pensión puede resultar discutible y controversial, pero obtuvo la opinión favorable del área encargada del Parlamento.
Además, aseguró que aún no se depositan los S/15,600 al indultado.
falsedades. No obstante, el exoficial mayor del Congreso César Delgado Guembes aseguró que el órgano competente de revisar el otorgamiento a ese beneficio no son las áreas administrativas, sino la Mesa Directiva que Salhuana encabeza desde el 26 de julio.
En ese sentido, recordó que cuando se inició el periodo congresal 2016 - 2021, el Parlamento otorgó a Fujimori dos de los cuatro beneficios. Estos fueron combustible y el derecho a un personal de la modalidad CAS.
“Lo que quedaría otorgarle es la pensión y los seguros a los que tienen derecho los altos funcionarios”, refirió.
No obstante, se mostró en contra de darle dicho beneficio porque fue condenado.
“Él tuvo el indulto, pero no elimina la condena, por lo tanto, se trata de un expresidente con condena”, aseveró.
La pensión de Fujimori demandará al Estado 187 mil soles anuales.
Posturas. Desde el análisis jurídico, los constitucionalistas Natale Amprimo y Aníbal Quiroga coincidieron en la ilegalidad de la decisión del Congreso.
En principio, Amprimo refirió que a Fujimori no le corresponde el beneficio porque si bien recibió el indulto humanitario, fue condenado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“La ley dispone que los expresidentes que han sido acusados constitucionalmente y sentenciados, pierden la pensión. El indulto que recibió Fujimori no cambia su condición de sentenciado, por lo que no hay razón para darle la pensión”, señaló en referencia al artículo 2 de la Ley 26519.
Esta ley, de 1995, señala que los expresidentes “gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad”.
No obstante, añade que este derecho queda en suspenso cuando el Congreso le ha formulado al expresidente una acusación constitucional, “salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.
Quiroga recordó que Fujimori ha sido condenado a una pena severa por crímenes graves. “El informe del Congreso está pobremente sustentado y carece de fundamentación constitucional porque la ley que preexiste dice que, en el caso de los expresidentes, se suspende la pensión si es acusado por el Congreso, pero en el caso de Fujimori fue condenado por una corte de justicia”, aseguró.
Fujimori fue acusado constitucionalmente en 2001 e inhabilitado 10 años para ejercer cargos públicos.
Según Quiroga, en este caso se aplica el principio a fortiori (con mayor razón) pues si, en el caso de una acusación se suspende la pensión, en el caso de una condena se suspende permanentemente la pensión vitalicia.
“Es absolutamente irregular que pueda tener una pensión vitalicia del Estado un condenado por graves crímenes cometidos por Fujimori”, manifestó.
Quiroga refirió que este tema evidencia que el cogobierno de la Mesa Directiva facilita este tipo de decisiones que ha terminado favoreciendo a uno de los líderes de una organización política, lo cual es marcadamente incorrecto e inmoral.
Dejó claro que este caso marcaría un precedente.
Controversia. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la intención de este beneficio sería que sirva para pagar, al menos en parte, la reparación civil que Fujimori debe al Estado y que asciende a más de 55 millones de soles por tres hechos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal de Noticias y el pago de la CTS a su exasesor.
Otra versión es que la postulación de Eduardo Salhuana como presidente del Congreso ha estado condicionada por Fuerza Popular al otorgamiento de dicha pensión, acuerdo que debería cumplirse en los primeros días de su gestión.
