En respuesta a la resolución conminatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), del 1 de Julio, los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Perú expresaron en una carta oficial un categórico rechazo a los términos de dicho documento.
La misiva lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y la del titular del Congreso, Alejandro Soto.
Está dirigida a la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, en torno a la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, aún no promulgada.
Son notables en el documento peruano el tono enérgico y contundente al deplorar y rechazar aspectos puntuales de la resolución.
“Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a traves del control difuso ejercido por el Poder Juidicial o del control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional”, proclama.
DEPLORA.
“Por esta razón - continúa - deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de Derecho, que carece de los mecanismos propios de una republica democrártica en la que operan el balance y el control de los poderes públicos (...), aclara.
En tal sentido, remarca que no existe un “suprapoder” al interior del Estado capaz de dirigir y ordenar la manera en que nuestros órganos legítimos deben operar.
También lamenta que la Corte haya emitido una resolución que excede sus competencias, “desnaturalizando la figura de las medidas provisionales de carácter temporal y excepcional (...) y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que no se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad.”
Termina solicitando a la Corte un ejercicio de autotutelaje” y “corrija sus excesos que terminan por lesionar el sistema interamericano”.
