La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, expresó su respaldo público hacia el fallo que declaró constitucional la Ley 31751, conocida como la Ley Soto. Durante una entrevista con RPP, descartó las acusaciones que señalan a la norma como “procrimen” y afirmó que su propósito es garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados en un tiempo justo.
Pacheco sostuvo que la ley responde a una deficiencia histórica del sistema judicial peruano, donde los procesos se prolongan de manera excesiva sin llegar a una resolución.
“Es una cuestión que venimos insistiendo hace ya bastante tiempo en el tribunal, porque es una falencia que hay en nuestro sistema de justicia que los juicios duren tantísimos años”, afirmó la funcionaria.
La magistrada detalló que, antes de la entrada en vigencia de esta normativa, la suspensión del plazo de prescripción era interpretada de formas distintas según el tribunal, lo que generaba resultados impredecibles y contradictorios. Con la Ley Soto, ese escenario quedó ordenado bajo una regla clara: la prescripción únicamente puede suspenderse por un máximo de un año cuando un fiscal interviene formalmente en el proceso.
La norma también fija un límite concreto a la capacidad del Estado para extender los procesos penales bajo el argumento de la suspensión de la prescripción. Pacheco explicó que, una vez que el fiscal interviene formalmente, el Estado tiene exactamente un año para avanzar con diligencia en el caso antes de que ese beneficio se agote.
“El Estado puede suspender ese plazo solamente por un año máximo. Después tiene que ser diligente para conseguir una sanción”, precisó la presidenta del TC.
Uno de los efectos más relevantes del fallo es que los jueces del Poder Judicial están ahora obligados a aplicar la Ley Soto bajo responsabilidad. En ese sentido, Pacheco fue enfática al señalar que, luego de que el TC confirma la constitucionalidad de una norma, ningún magistrado puede recurrir al control difuso para inaplicarla.
“Los jueces están obligados a cumplirlas. Ya no hay control difuso”, sostuvo.
Asimismo, la titular del TC calificó como un “importante error” la decisión de la Corte Suprema de intentar declarar inconstitucional la norma a través de un acuerdo plenario. Advirtió que esa actuación excede las atribuciones del Poder Judicial y vulnera las competencias que la Constitución reserva de forma exclusiva al Tribunal Constitucional.
“Ellos no podían decir de esa manera general, porque están usurpando, por decir así, la labor que le corresponde por indicación de la Constitución solo al Tribunal Constitucional. Confío en que esto no vuelva a ocurrir porque también es un desconcierto para la gente”, añadió Pacheco.
El Tribunal Constitucional había declarado previamente infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31751. Con ese pronunciamiento, la norma quedó plenamente respaldada por el máximo intérprete de la Constitución peruana.
