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El presidente Pedro Castillo evaluó ayer, en reunión de trabajo, los detalles del proyecto de ley del Ejecutivo que propone castigar penalmente a jueces, fiscales y policías por filtración de información hacia la prensa.
Castillo se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la sede de Gobierno.
La cuenta oficial de la Presidencia de la República indica que se evaluaron los detalles del proyecto de ley que penaliza la revelación de información de procesos judiciales por parte de jueces y fiscales.
Tal proyecto de ley será presentado ante el Congreso de la República luego de ser debatido y, eventualmente, aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros.
Conocida también como “la Ley Chero”, la iniciativa legal es considerada por los gremios de prensa como un intento de poner candados a las fuentes de información confiables (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional).
OBSTRUCCIÓN
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) considera que el Ejecutivo intenta obstruir el aporte de la justicia a la investigación periodística, en particular de casos de corrupción de funcionarios del Estado.
Cabe precisar que el ministro Chero anunció este proyecto luego que la prensa difundiera la transcripción de una conversación (audio) entre el ex ministro del MTC Juan Silva y el reo en cárcel Zamir Villaverde. La Fiscalía confirmó la autenticidad de la transcripción. El material evidenciaba una presunta entrega de S/100 mil al ex ministro, ahora prófugo.
En defensa de su proyecto, el ministro Chero asegura que “resulta pertinente” establecer “no solo mecanismos de control, sino también punitivos” cuando se filtra información “con fines de obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el proceso de investigación”.
El tema será abordado en el Consejo de Ministros de mañana, aseguran nuestras fuentes.
