La Mesa Directiva del Congreso de la República podría ser objeto de una investigación fiscal, dado que, por omisión, habría permitido que se organizara una red de prostitución en el Parlamento.
La eventual pesquisa no solo alcanzaría a la presente directiva, sino a la anterior, pues fue esta la que contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo, presunto cabecilla de la mencionada red.
Según penalistas consultados por Correo, es necesario determinar primero si altos funcionarios del Legislativo tenían pleno conocimiento de los antecedentes de Torres Saravia, y a qué se dedicaba, en realidad, su oficina.
CUESTIONAMIENTOS
Alejandro Rospigliosi, exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, manifestó a Correo que la responsabilidad inicial del nombramiento de Torres Saravia recae en la anterior Mesa Directiva.
“¿Quién lo nombró? La Mesa (de Alejandro Soto). Ellos debieron haber revisado sus antecedentes, ya que está siendo investigado por violación. ¿Cómo es posible que lo hayan nombrado para el cargo?”, cuestionó.
Rospigliosi agregó que si intentan justificar la contratación bajo el argumento que no sabían, “el asunto será aún más grave, pues se trataría de una omisión de sus deberes o funciones”.
“La gravedad del asunto también radica en las contrataciones de mujeres con cuentas en Onlyfans, una plataforma en la que obtienen ingresos al mostrarse desnudas o realizar actos sexuales”, añadió.
Sostuvo que es inaceptable que personas vinculadas con actividades de este tipo hayan sido contratadas, especialmente si se considera que perciben un salario del sector público.
Exhortó solicitar copia de los informes sobre el trabajo realizado por las exfuncionarias Andrea Vidal (quien murió a causa del ataque de un sicario) Alexandra Gil e Isabel Cajo, quienes laboraron en la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo.
“Si las contrataron es porque hay complicidad. Es un escándalo”, enfatizó.
Criticó que Jorge Torres intente lavarse las manos al decir que no sabe cómo llegaron al Congreso. “Yo he sido jefe en el Parlamento y un jefe pide al personal con cierto perfil”, remarcó Rospigliosi.
Recordó que el artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República establece que la dirección administrativa y la supervisión de su correcto funcionamiento es responsabilidad de la Mesa Directiva.
En consecuencia, concluyó que la Mesa Directiva anterior y la actual “son los responsables de la contratación cómplice de personas sin la debida idoneidad”.
PROXENETISMO
Similar opinión tuvo el penalista Andy Carrión. Explicó que la cuestión de la red de prostitución podría involucrar a la Mesa Directiva, en caso de que sus miembros tuvieran conocimiento de ciertos actos y que durante sus funciones los hayan permitido.
“No cabe duda de que las personas que han promovido directamente los supuestos actos de prostitución deberían ser imputadas por el delito de proxenetismo. Sin embargo, también podría recaer sobre los superiores de la Mesa Directiva algún tipo de responsabilidad, si sabían de estos actos y los toleraban”, explicó a este diario.
Agregó que no es necesario que los miembros de la Mesa Directiva sean responsables de la acción en sí, sino que basta con que hayan sabido a qué se dedicaba la Oficina Legal y Constitucional para que se declare la omisión de sus deberes.
Solo así, añadió, podrán ser pasibles de alguna investigación de parte del Ministerio Público.
RESPONSABILIDADES
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes advirtió que si hay pruebas de que alguno de los miembros de la Mesa Directiva tuvo participación en definir la contratación de Torres como aparente “proxeneta”, y de las mujeres implicadas en una red de prostitución, habría responsabilidad.
“Únicamente (pasaría) si existe evidencia de que alguno de los miembros de la Mesa Directiva tenía participación en la decisión de contratar a las personas respecto de las cuales existan pruebas, testimoniales o documentales, que se prestaban para actos, activos o pasivos, de proxenetismo, sea como autores materiales o intelectuales, o como cómplices. Sin evidencia no hay responsabilidad penal”, manifestó.
A su turno, el penalista Mario Amoretti consideró que no se puede adelantar que la Mesa Directiva tenga cierta responsabilidad, salvo que haya tenido conocimiento expreso de la aparente red o vínculos con la organización de prostitución.
“Quien vive de las ganancias de una prostituta es un proxeneta. Y él es el que comete el delito”, explicó.
Afirmó que si se llega a establecer que Jorge Torres era el cabecilla que actuó como proxeneta, recién allí se debe considerar las responsabilidades de la Mesa Directiva.
Amoretti le restó importancia al hecho que una de las trabajadoras hayan tenido una cuenta en Onlyfans, pues aseguró que es apenas un dato que no la vincula en la supuesta red de prostitución.
